La gestión de la alcaldesa provincial Ruccy Oscco enfrenta un creciente desgaste político. Mientras los cuestionamientos alcanzan a varios de sus funcionarios de confianza, la fiscalización del Concejo Provincial duerme el sueño de los justos. Unos cuantos ediles han decidido reiterar informes sobre las designaciones.

El caso más reciente involucra al gerente municipal, Alejandro Maldonado Gutiérrez, considerado el principal hombre de confianza de la burgomaestre. Sobre él pesan cuestionamientos por mantener una deuda relacionada con papeletas de tránsito y por la controversia generada en torno a su condición de habilitación profesional en el Colegio de Abogados de Arequipa.

La situación cobró relevancia luego de que el propio funcionario sostuviera públicamente que cancelará las multas de tránsito cuando sea notificado conforme al procedimiento administrativo. La postura fue criticada debido a que se trata de la segunda autoridad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y responsable de velar por el cumplimiento de las normas dentro de la institución.

A ello se sumó la polémica por una deuda acumulada con el Colegio de Abogados de Arequipa. Aunque Maldonado aseguró ayer estar actualmente habilitado y afirmó que el cargo de gerente municipal no requiere de este requisito, se advirtieron posibles riesgos administrativos respecto a la documentación suscrita durante dicho periodo.

OTROS FUNCIONARIOS CUESTIONADOS

Sin embargo, los cuestionamientos no se limitan al gerente municipal. La gestión también incorporó a Guadalupe Vásquez Meza como asesora de alcaldía, pese a que la Contraloría advirtió previamente presuntos incumplimientos de perfil cuando ocupó cargos en la Municipalidad de Pachacámac, donde se le relacionó sentimentalmente con el alcalde de esta comuna.

La lista continúa con Leonidas Zavala, recientemente designado representante municipal ante el directorio de Caja Arequipa. Durante su paso por la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa, fue observado por informes de control vinculados a contrataciones de consultorías y presuntas irregularidades administrativas.

También figura José Zevallos Banda, actual subgerente de Logística, quien registra antecedentes de investigaciones y cuestionamientos relacionados con procesos de contratación durante su trayectoria en otras entidades públicas. Su designación ya motivó observaciones de algunos sectores políticos.

Otro caso es el de Franco Navarro Rondón, actual gerente de Desarrollo Social, quien anteriormente fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción en una pesquisa sobre un presunto direccionamiento de servicios cuando laboraba en el Gobierno Regional de Arequipa.

Asimismo, el gerente de Transportes, Yoni Calle Cabello, aparece comprendido en una auditoría de Contraloría que le atribuye presunta responsabilidad administrativa y civil por pagos observados durante su gestión en una universidad pública. Aunque no existe sanción definitiva, el antecedente forma parte de los cuestionamientos que ahora alcanzan a la administración provincial.

Pese a que desde el inicio de la gestión se solicitó información sobre los perfiles y currículos de los funcionarios designados, los regidores reconocieron que el proceso de fiscalización no avanzó al ritmo esperado. La regidora Patricia Hidalgo señaló que el pedido realizado por el regidor José Suárez quedó prácticamente en suspenso tras su licencia.

Por su parte, el regidor Exequiel Medina admitió que hasta la fecha no recibió información oficial sobre los funcionarios observados y anunció que volverá a solicitarla por escrito.

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