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El alcalde del distrito de Cahuacho, Caravelí, José Neyra, respaldó la propuesta de declarar en emergencia su jurisdicción debido a los conflictos generados por actividades mineras ilegales en la zona de Nauquipa, sector Carpisa.
La autoridad alertó que esta área está dentro de una zona de amortiguamiento de la Reserva de Cotahuasi, considerada intangible por el Estado.
Neyra reconoció que la minería informal está generando tensiones sociales y riesgos para la seguridad de los pobladores, comerciantes y transportistas de la provincia de Caravelí.
Aseguró que si es necesario declarar en emergencia el distrito, se debe hacer para garantizar el control y la tranquilidad en la zona.
De igual manera, pidió al Gobierno central tomar acciones firmes para desalojar a quienes explotan ilegalmente recursos del Estado en zonas protegidas. “Le están robando al país. Es una zona intangible, y eso no se puede permitir”, afirmó, exhortando a fiscalías, ministerios y a la Policía a intervenir.
El alcalde remarcó que su función como autoridad es canalizar las demandas de su población, que vive atemorizada por la inseguridad y el crecimiento descontrolado de la minería ilegal. “Las reglas las pone el Estado, no los mineros. Ya es hora de actuar”, indicó.
NIEGA ACUSACIONES
El alcalde negó tener intereses económicos en los emprendimientos mineros, pese a las acusaciones de representantes de la empresa Nemerlin, a quienes acusó de dividir a la población para tomar el control del área. “Nosotros no tenemos intereses. Solo buscamos la paz social”, enfatizó.
Además, denunció que en varias ocasiones los mineros han intentado validar su presencia con documentos que nunca se muestran públicamente.
Recalcó que las autoridades deben revisar la base de datos oficial, donde consta que la zona en disputa es de uso restringido por su valor ambiental.
No solo este conflicto está latente en Caravelí, en otras comunidades la incursión de mineros informales e ilegales ha comenzado a generar enfrentamientos violentos.