El Concejo Provincial de Camaná rechazó el recurso de reconsideración en el proceso de vacancia contra el regidor Basilio Solís Huamaní, ratificando el acuerdo adoptado previamente por el pleno municipal. La medida se acordó durante la sesión extraordinaria, llevada a cabo el 2 de junio.

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El caso está vinculado a una presunta infracción de las restricciones de la contratación con el Estado. Cabe mencionar que el previo acuerdo municipal fue adoptado luego de analizar un informe de la Contraloría que advirtió indicios de una posible vulneración a dichas normas.

Frente a ello, el propio regidor anunció que pediría la nulidad de la sesión extraordinaria (si es necesario), ya que solo habrían asistido seis regidores (incluido Solís) y el alcalde provincial, y se tuvo cuatro ausencias. Solís cuestionó la validez del acto: “No estoy de acuerdo con esta sesión porque no se contó con el quórum necesario”, señaló a Correo, agregando que el plazo es de 15 días.

Paralelamente, el regidor negó las acusaciones en su contra. Frente a este proceso, afirmó una vez más que apelará ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La defensa sostiene que no existiría evidencia de una relación contractual directa entre la Municipalidad Provincial de Camaná y la empresa cuestionada. Asimismo, argumentó que las adquisiciones realizadas en el marco del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) fueron efectuadas por las organizaciones beneficiarias con recursos transferidos por el MIDIS y no mediante procesos de contratación municipal.

Reconoció ser titular de la empresa comercial “Inversiones Grupo Solis H. E.I.R.L., pero aclaró que no habría realizado ninguna contratación con el Estado y que no estaría involucrado directamente en ningún conflicto de intereses.

“La empresa es mía, pero es una empresa comercial que atiende a todo el público en general. Es comercial privada, pero yo no estoy ahí; hay encargados, atienden y venden a todas las personas que ingresan”, sostuvo.

PROCESO

La normativa vigente permite apelar el acuerdo ante el JNE dentro del plazo legal correspondiente. De presentarse dicho recurso, el municipio deberá remitir el expediente al máximo organismo electoral, que convocará a audiencia y resolverá en última y definitiva instancia con carácter inapelable.

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