La Contraloría identificó seis irregularidades en la administración del fondo de caja chica de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2025 al 5 de mayo de 2026.

Mediante el informe N.º 009-2026-OCI/0359-SVC, el órgano de control alertó que la oficina no cuenta con las condiciones y medidas de seguridad para el resguardo de la caja chica. Advierte que el dinero en efectivo es guardado en un cajón de un escritorio sin llave, y lo único que se cuenta es una cámara de seguridad.

Además, se advierte que una sola funcionaria, Rocío Marisol Mamani Parango, desempeñaba simultáneamente más de tres cargos: Gerente de Planificación y Presupuesto, encargada de la Subgerencia de Contabilidad, encargada de la Gerencia Municipal y, además, responsable del manejo y administración del fondo de caja chica. Esta concentración de funciones en una sola persona pone en riesgo la transparencia e imparcialidad de la institución.

El informe también señala que la responsable de caja chica no presentaba rendiciones oportunas para la reposición del fondo, omitía el uso de los recibos de egreso correspondientes y aceptaba rendiciones de gasto fuera del plazo máximo de 48 horas. Igualmente, no contaba con archivo cronológico de documentos ni con un registro auxiliar estándar, afectando los mecanismos de control y seguimiento de las operaciones.

Otra situación crítica fue que las jefaturas de Tesorería y Contabilidad no venían realizando arqueos sorpresivos ni periódicos al fondo de caja chica, ni durante el 2025 ni en lo que va del 2026, incumpliendo las directivas internas y nacionales vigentes.

Asimismo, el informe detectó gastos en alimentos, reuniones y consumo en general por un monto total de S/ 15,820.20, cargados al fondo de caja chica durante los años 2025 y 2026, sin consignar los nombres de los comensales beneficiarios en los comprobantes de pago y sin cumplir con los requisitos de la normativa aplicable, que establece que la caja chica está destinada exclusivamente a gastos menores urgentes y no programables.

Ante ello, la Contraloría recomendó al alcalde distrital, Abel Suárez Ramos, adoptar las acciones preventivas y correctivas.

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