La exigencia del gobernador Elmer Cáceres Llica hacia los consejeros para que aprueben la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II de forma apresurada, obedecería al reclamo de la concesionaria Cobra para que se cumpla  el acuerdo de la novena acta de ampliación del plazo del contrato que firmó con la autoridad regional, quien se comprometió a firmar la adenda 13 antes de octubre del 2020.

Aunque el gobernador negó el año pasado la existencia del documento, como también haber firmado esta acta de fecha 30 de junio del 2020, el consejero José Luis Hancco, presentó un escrito donde la misma concesionaria en setiembre del mismo año le recordó al gobernador la existencia de tal acta, y ante el incumplimiento de la misma, refiriéndose a la falta de la aprobación de la garantía soberana de 104 millones de dólares, activaba el mecanismo de caducidad de contrato.

En opinión del consejero, fue una irresponsabilidad el haber firmado tal acta en la que se asumía el compromiso de conseguir la garantía soberana y firmar la adenda 13.

De acuerdo al documento, el gobernador puso los plazos para que la adenda 13 sea aprobado por Proinversión antes del 7 de setiembre, por el MEF el 23 del mismo mes y por las demás instituciones como la Contraloría y el Consejo antes del 30 de octubre.

En una parte del documento indica que el incumplimiento de lo estipulado se podría prorrogar el plazo, “pero siempre que se permita firmar la adenda 13 antes de octubre”.

REACCIÓN. Sin embargo, el abogado de la organización Solidaria Perú, Arturo Salas, señaló que, de no firmarse la adenda, tanto la concesionaria como el Gobierno no podrían exigir la caducidad del contrato, ni llegar al arbitraje, porque lo que se entiende es que no hay acuerdo en las negociaciones.

“En ninguna de las cláusulas dice que la falta de entendimiento por la adenda 13, sea motivo para resolver el contrato”, dijo.

En ese sentido, indicó que la empresa tendría que ejecutar el proyecto de acuerdo al contrato original, con canal abierto.