El alcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime de La Cruz, y el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, negaron haber negociado algún pago para acabar con las protestas en Islay.

De manera conjunta, los dos personajes dijeron que esperarán el resultado del peritaje que efectuará el Ministerio Público a los audios que se atribuyen a Pepe Julio Gutiérrez y al abogado Jesús Gómez, donde se negociaría un millón y medio de dólares para terminar las protestas.

El alcalde también indicó que envió una carta notarial a Gómez Urquizo para que no lo difame.

“Puede ser una estrategia del Gobierno para dividirnos...”, acotó de la Cruz quiena demás se refirió a la audiencia programada para el 18 de mayo, donde se verá la posible revocatoria de su sentencia suspendida, por las movilizaciones contra Tía María en el 2010.

“No importa que me saquen de la alcaldía, pero la mina caraj... no entrará al valle”, enfatizó.