Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de Colombia, Gustavo Petro, le han dado la espalda internacionalmente al gobierno de Dina Boluarte tachándola de ostentar una “gobierno ilegal” al no reconocer que asumió el mando por la vacancia del expresidente Pedro Castillo que se produjo luego del fallido golpe de Estado.

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Otro de los duros cuestionamientos que se le ha hecho es por las 66 personas fallecidas durante los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden  durante los primeros meses de su gobierno.

Ante la imagen negativa que ha generado los continuos cuestionamientos de ambos mandatarios, la presidenta Dina Boluarte ha convocado a 10 juristas constitucionales para entregarles la misión de revertir la situación y uno de los voceados para conformar el grupo de trabajo es el constitucionalista Jorge Luis Cáceres Arce quien sostiene que no se convertirán en defensores del gobierno de turno.

Ud ha sido uno de los convocados para contrarrestar la percepción negativa del país ¿Qué función va a cumplir? A mí me llamaron el miércoles pasado para la reunión con la presidenta a la que no pude asistir porque tenía compromisos académicos. Lo que conocemos es que la intención de convocar a profesores de derecho constitucional es para apoyar al Estado peruano. Hay la idea de que esto tiene más un sentido de defensa hacia la presidenta por los constantes ataques que recibe. Se puede pensar que seremos procuradores del Gobierno, pero no vamos a convertirnos en eso. Aquí hay que aclarar las desinformaciones que viene dando AMLO que son penosas. Es lamentable que esté tan desinformado porque sigue hablando de que Pedro Castillo es presidente del Perú y lo que pretendió hacer no fue un golpe de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el que señala que “el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente tomó la decisión, por fuera de los procedimientos constitucionales, el de disolver el congreso de la república e intervenir el poder judicial y el ministerio público para reorganizarlos”.  No podemos seguir callados ni seguir aceptando desinformación que dañan la imagen del país hacia afuera porque los inversionistas creen que sí hay problemas de inestabilidad porque desconocen a la presidenta, pero eso tiene tinte ideológico.

No es lo único que ha perjudicado  nuestra imagen, las 66 muertes que han ocurrido durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte pesan mucho, ¿no lo cree? La imagen del país está muy dañada por el abuso del ejercicio del derecho a la manifestación, que es un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a expresarnos, pero no a invadir el derecho de los demás. No vamos a justificar la muerte de nadie. El tema de los fallecidos hay que lamentarlo, sin duda, pero no por ello vamos a justificar la desinformación. Recuerda que el mayor número de fallecidos fue por la toma ilegal y vandálica del aeropuerto de Juliaca. Yo te pregunto ¿el estado no tiene derecho a defenderse? Por supuesto que sí. Si toman el aeropuerto de Barajas o Nueva York, qué hacen las fuerza del orden, ponen orden, si tiene que fallecer alguien va a tener que pasar. Aquí quemaron locales, el aeropuerto e impidieron el libre tránsito, ¿eso hay que aplaudirlo? No creo.

Pero ¿a qué costo? Repito, no se justifica las muertes, pero había que poner orden en el país. Sí hay que investigar los hechos aislados que provocaron las muertes, que se investiguen, pero no son decisiones institucionales.

Hace poco se ha informado que la presidenta ha contratado una consultora internacional para limpiar el rostro de su gobierno ¿Cuál va a ser el trabajo que los va a diferenciar? Aquí no se trata de limpiar la imagen de personas, sino defender la verdad material que es defender al Estado peruano. Nosotros vamos a hablar con la verdad que es lo importante. Si nos plantean lo otro, no va a suceder.

¿Cuáles son las armas que usará para la defensa? El orden constitucional. Cabe aclarar que la detención de Castillo no es una cuestión política, sino judicial debidamente encauzada y tercero decir la verdad de lo que sucede en el país. Defender el Estado Constitucional es defender nuestros derechos, la gobernabilidad  y promover inversión. No creo que nadie sensato diga que vayamos por el otro camino de la intranquilidad, anarquía y el desorden que nos ha traído tantos problemas a la patria. El abuso del derecho a la protesta dañó las economías familiares. El abuso del derecho es lo que hicieron los vándalos y al final se ha ido revelando quienes estuvieron detrás de todo.