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No esperarán a que haya muertes. El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, pidió la intervención del Ejecutivo nacional en el conflicto minero que actualmente se suscita en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, esto con la finalidad de evitar una situación similar a la vivida en el 2022, donde 14 personas fallecieron por enfrentamientos entre labores mineras.
Este pedido se realizó tras la una sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) realizada en la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. “Hemos solicitado, a través de PCM (Presidencia de Consejo de Ministros) y del Ministerio del Interior se pueda implementar el mismo marco legal que se ha implementado en Pataz”, manifestó.
Entre las acciones que deberá tomar el Ejecutivo nacional está el control de los explosivos en la zona, así como el ingreso y salida de insumos. “Esto ya está sujeto a la reunión que se desarrolle a través de PCM como estamos solicitando”, agregó.
Hace una semana, el congresista Edwin Martínez exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se declare el estado de emergencia la provincia de Caravelí a raíz de este conflicto.
“Desde aquí, quiero exhortar al nuevo premier de la República qué tome cartas en el asunto, el toro por las astas, de una vez por todas intervenga estos centros mineros y en coordinación con todas las entidades involucradas en el tema de la minería evitar más muertes”, solicitó el parlamentario en sesión del Congreso.
ALCALDE RESPALDA
El alcalde distrital de Atico, Julio Candia, respaldó el pedido de la declaratoria de emergencia, afirmando que este se hizo el 13 de mayo en una reunión con presencia de diversas entidades del Estado, donde se acordó pedir el estado de emergencia. “Para mí es una carga social muy grande”, sostuvo.
“Sería bueno que ese estado de emergencia sea lo más pronto posible”, expresó la autoridad a Correo. Asimismo, señaló que la tensión escaló en marzo, tras una actividad pública realizada en Atico a donde acudieron los mineros de Atico Calpa, quienes al momento de volver al campamento fueron impedidos de ingresar por una tranquera.
“Yo subí a los dos días, tres días, juntamente con el Ministerio Público, con la Fiscalía Provincial, subimos con el coronel de la Policía Nacional y encontramos niños sumidos en la desesperación, en el llanto, también encontré una mujer embarazada que si ellos bajaban supuestamente a comprar sus víveres a Atico, o hacer su control no iba a regresar a su domicilio. Desde ahí empezó el conflicto”, detalló.
En cuanto a la instalación de una tranquera en la zona, tal y como se deja constancia en el acta de reunión celebrada el 24 de marzo, se solicitó a la Asociación de REINFOS de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (ARMAPE) demostrar que la vía usada para la tranquera es propiedad privada, algo que no se hizo.
“Se dio un plazo de 15 días para que demuestren que era de ellos, nunca demostraron, a la siguiente estuvimos con las mismas autoridades y no presentaron nada, el gobierno regional saca un documento en el que esa vía, AR-104, es de uso activo público”, explicó, por lo que debieron dejar el pase libre.
AMENAZAS
Quien también mostró su respaldo a este pedido fue el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osias Ortiz. “Está solicitando un marco normativo igual que en Pataz y en Pataz lo que tiene es un marco normativo de declaratoria de emergencia”, manifestó.
Osias Ortiz mencionó incluso que autoridades de la zona han recibido amenazas. “Estamos de acuerdo (con el estado de emergencia) porque lo que sucede, y tenemos de conocimiento interno, hay muy fuertes amenazas incluso con autoridades políticas que están ejerciendo su cargo”, explicó.
El legislador regional espera que este pedido sea aceptado por el Ejecutivo nacional, aunque también pidió que el enfoque no sea netamente a enfrentar los conflictos generados por la minería informal e ilegal en la zona. “El enfoque hay que darle también a otros problemas, yo decía el tráfico de terrenos, la problemática, esos problemas son continuos que tenemos aquí en Arequipa”.
TRAGEDIA
En el 2022, catorce mineros fallecieron en un enfrentamiento con armas de fuego entre las labores mineras Calpa Renace y Atico Calpa, además de la participación de la empresa Intigold Mining, calificada como mediana minería, y cuyas operaciones fueron suspendidas antes de estos hechos, por lo que cedió sus derechos de explotación a los mineros informales a cambio del pago de regalías, según la tesis presentada en ese entonces por la Fiscalía.
En aquel momento 31 personas fueron detenidas como sospechosas, algunas señalaron haber sido contratadas para ejercer la seguridad en la zona.
CONTRADICCIÓN
El 13 de mayo, el alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, pidió no solo la declaratoria de emergencia en Atico, sino también en Lomas. Sin embargo, el 20 de mayo, en reunión celebrada en la comuna provincial y en presencia de los involucrados, la autoridad firmó un acta en el que se rechaza en declarar en emergencia la base minera Calpa Renace.