Uno de los principales retos para las nuevas autoridades de Arequipa será recuperar la integridad pública, debilitada en los últimos seis años por la corrupción y las deficiencias en la gestión estatal.

Esta situación se refleja en el informe Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) del Instituto Peruano de Economía (IPE).El estudio, que evalúa los riesgos de corrupción y uso ineficiente de recursos públicos en las 25 regiones mediante 14 indicadores agrupados en dos pilares, ubica a Arequipa en un nivel de riesgo medio-bajo con 5.9 puntos sobre 10, por debajo de los 6.8 registrados en 2019. Aunque la región no figura entre las más críticas, el resultado evidencia un deterioro institucional.

Ana Lucía del Río Santos, economista del IPE, precisó que el índice no mide actos de corrupción consumados, sino las condiciones que favorecen su ocurrencia. Agregó que el deterioro es una tendencia nacional, pues las regiones con riesgo alto o muy alto pasaron de tres a diez desde 2019.

Uno de los principales problemas es la pérdida de confianza ciudadana. Solo el 22.9% de los arequipeños confía en las instituciones de justicia y control, por debajo del promedio nacional (25.4%) y del 32.9% registrado en 2019.

Además, la aprobación del Gobierno Regional cayó de 23.5% a 15.6%. En paralelo, las denuncias por corrupción aumentaron de 4.9 a 13.1 por cada mil trabajadores públicos, aunque Del Río advirtió que la cifra podría ser mayor debido a la baja disposición para denunciar.

La obra pública también muestra señales de alerta. El 61% de los proyectos de inversión de gobiernos regionales y locales permanece paralizado o abandonado. “Es dinero que no está beneficiando a la población para la que fue iniciado”, señaló. A ello se suma que, a nivel nacional, solo el 11.3% de las inversiones cuenta con información de seguimiento actualizada.

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