Arequipa tiene autoridades investigadas y sentenciadas

Algunos ya dejaron el cargo, pero continúan con un proceso judicial. Especialista señala que esto solo genera desconfianza en la población, que ha dejado de creer en sus autoridades
Arequipa tiene autoridades investigadas y sentenciadas

Arequipa tiene autoridades investigadas y sentenciadas

14 de Febrero del 2018 - 12:19 » Textos: Juan Guillermo Mamani

La detención de dos alcaldes en Lima hace poco involucrados en diferentes ilícitos, desde tráfico de lotes hasta crimen organizado, levantó críticas contra distintos burgomaestres y trajo consigo una realidad que se vive en varias partes del país.

Arequipa no es ajena a esta realidad, pues exautoridades y otras aún en actividad fueron procesadas y en algunos casos sentenciadas, lo que les ha valido el cargo o su libertad.

Entre los casos más recordados encontramos el del exalcalde de Uchumayo, Vidal Pinto Paredes, quien en el 2013 fue castigado con seis años y 6 meses de cárcel por el delito de cohecho pasivo, luego de que la Corte Superior de Justicia (CSJA) determinara su responsabilidad, tras cobrar una coima de 8 mil soles a una constructora en el 2011.

El último caso que se ha visto en las salas de la Corte es la acusación en contra del burgomaestre de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, quien fue acusado por la fiscal, al igual que su pareja, por el delito de lavado de activos.

Entre ellos se encuentran otras autoridades municipales que fueron involucradas en diferentes ilícitos, incluyendo violencia familiar, como en el caso del alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Ibañez. Hay también procesos por falsificar su hoja de vida, como lo hizo el exalcalde de Caylloma, Elmer Cáceres Llica, quien ha tenido innumerables denuncias, una de ellas es por presunta violación sexual.

En el 2000, el exalcalde de Arequipa, Luis Cáceres Velásquez, fue sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo, tras recibir dinero del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos para cambiarse a la bancada fujimorista. Tiempo después, volvió a ser candidato a dicha alcaldía. Hoy, a sus 88 años, se ha alejado de la política.

PERJUICIO. Para el exregidor y político de Arequipa, Tradición y Futuro, Jorge Sumari, es casi inevitable que una autoridad esté involucrada en alguna denuncia que termine en un proceso judicial, sin embargo, es más lamentable que un alcalde, preso del poder y la codicia, esté involucrado en un ilícito mayor.

Explica que esto ocurre porque descubren que realizar cualquier ilícito dentro de la legalidad les da una clase de inmunidad, peor si encuentran asesores o colabores que también avalan el delito.

“El tema de lo que pasa en Lima, sin duda, es lamentable, y es que se supone que el alcalde es el vecino ilustre por excelencia y esto no está ocurriendo, entonces, la sensación de la población es de desconfianza a la hora de elegir a sus autoridades”, dijo.

Señaló que las autoridades que fueron denunciadas por diversos delitos, en la mayoría de los casos, no fueron bien asesorados o simplemente hicieron “gala” de su poder. A esto se suma que pretendieron saltar muchas de las normas y leyes ya establecidas, sin preocuparse del perjuicio que podrían significarles.

Un claro ejemplo fue el ocurrido con el expresidente regional, Juan Manuel Guillén, quien fue denunciado por permitir contrataciones directas en su gestión. A pesar de salir libre de los cargos, le ha costado al Estado 3 años de investigaciones y diligencias, mientras duraba el proceso.

“Es casi inevitable que un alcalde sea denunciado, pero sí se puede evitar, siempre y cuando le haga caso a sus asesores legales, que no se endiose y que sea precavido”, aseguró.

FISCALÍA. De acuerdo a los registros del Ministerio Público, existen 436 denuncias en la oficina Especializada en Delitos de Corrupción. En los últimos tres años esta cifra llega a mil 611.

Además, del 2015 a diciembre del 2017, solo 25 funcionarios fueron sentenciados y ahora hay 644 carpetas fiscales las que continúan en trámite.

Desde el 2015 que comenzaron a funcionar las fiscalías especializadas en Arequipa, se han recibido 1582 denuncias de casos de corrupción.

Los delitos más frecuentes son de negociación incompatible, peculado, concusión y colusión, en municipalidades distritales, provinciales y hasta en el Gobierno Regional.

El panorama es similar en la Policía Anticorrupción, pues en el 2017 hubo 227 denuncias en contra de funcionarios públicos.

Según el mayor PNP Percy Arcaya, jefe interino de la Policía Anticorrupción, en la mayoría de casos son trabajadores o funcionarios que solicitan dinero o usan su cargo para beneficiarse económicamente.

Red. El caso más escandaloso ocurrió en la capital, pues la Policía y el Ministerio Público montó un operativo para detener a Carlos Arce Arias, alcalde de Santa Rosa, y a Jorge Luis Barthelmess Camino, de San Bartolo. El primero por diferentes delitos, como sicariato, el segundo por cobros indebidos.