Los gobiernos regionales y municipalidades dispondrán de mayores recursos provenientes del canon y las regalías mineras en los próximos años, pero especialistas advierten que este incremento no necesariamente se traducirá en una mejora de los servicios públicos si el dinero continúa destinándose a obras de bajo impacto.

Hasta julio de 2026, los gobiernos regionales recibieron más de S/2.500 millones por canon y regalías mineras, mientras que las municipalidades superaron los S/9.000 millones. El escenario podría mantenerse debido al actual ciclo de altos precios de los minerales.

Las nuevas autoridades regionales y municipales, que asumirán sus cargos en enero de 2027, tendrán que administrar estos recursos y decidir en qué proyectos invertirlos. Para Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, el principal desafío será evitar que la mayor disponibilidad de dinero termine nuevamente dispersa en proyectos que no resuelven las principales necesidades de la población.

Castilla cuestiona que, pese a los millonarios ingresos generados por la actividad minera, persistan localidades con problemas de acceso a agua potable, saneamiento, salud y educación. A su juicio, existe una brecha entre el dinero que reciben las autoridades por la explotación de recursos minerales y los resultados que finalmente llegan a la población.

Uno de los problemas es la dispersión del presupuesto. En lugar de concentrar los recursos en proyectos de mayor impacto, algunas municipalidades destinan parte del canon a numerosas obras pequeñas, como plazas, losas deportivas o estadios, que consumen presupuesto pero no generan cambios significativos en la calidad de vida.

RIESGO DE USAR EL CANON CON FINES POLÍTICOS

Otro punto cuestionado por el economista es la administración directa de obras, modalidad en la que los gobiernos locales ejecutan directamente los proyectos y contratan personal, maquinaria y servicios.

Según Castilla, esta práctica puede generar riesgos de corrupción y favorecer la contratación temporal de trabajadores con fines políticos. Por ello, considera necesario revisar la forma en que se ejecutan las inversiones y evitar que el canon se convierta en una fuente para sostener burocracia o crear puestos de trabajo permanentes.

El especialista plantea que los recursos provenientes de ingresos mineros, que pueden variar de acuerdo con el precio de los minerales, deberían concentrarse en inversiones y no en gastos permanentes.

Entre las prioridades propone proyectos de agua y saneamiento, salud y nutrición infantil, educación, conectividad vial y digital, electrificación e infraestructura que permita mejorar la producción y generar empleo privado.

También considera que el canon puede utilizarse para impulsar proyectos productivos que fortalezcan las cadenas agrícolas, industriales y de servicios de cada región, siempre que no impliquen posteriormente mayores gastos permanentes para el Estado.

CAMBIOS EN LA LEY DEL CANON

Castilla sostiene que el incremento de los recursos mineros debería llevar a una revisión de la Ley del Canon y a un mayor planeamiento de las inversiones regionales y municipales.

El objetivo, señala, es evitar que cada nueva gestión descarte proyectos iniciados por sus antecesores para priorizar obras de corto plazo. Las autoridades que asumirán en 2027 tendrán, de esta manera, un escenario de mayores ingresos, pero también el desafío de demostrar que el dinero generado por la minería puede convertirse en mejores servicios y oportunidades para la población.

La advertencia apunta a que la actual bonanza minera puede ser una oportunidad para cerrar brechas históricas, pero también puede perderse si los miles de millones de soles terminan nuevamente distribuidos en obras sin impacto duradero.

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