Caso Tía María: “Nosotros no somos socios del Ministerio Público”

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CJSA), Eloy Zamalloa, afirmó que en el proceso del exdirigente Pepe Julio Gutiérrez, y del abogado ambientalista Jesús Gómez Urquizo, no se dejarán presionar ni por la Fiscalía ni por la coyuntura social.

“Nosotros no somos socios del Ministerio Público. A cada una de las partes se les va a escuchar, cada uno hará su trabajo y tampoco los jueces se verán presionados para dar un dictamen de la acusación de ambos”, dijo.

Acotó que el Poder Judicial viene haciendo todos los esfuerzos para culminar el proceso antes del 14 de febrero, fecha límite para el exdirigente de Tambo, que cumplirá 33 meses de prisión preventiva por el presunto delito de extorsión agravada, al solicitar más de un millón de dólares a Southern Perú a cambio de frenar las protestas.

Gómez Urquizo iba a ser el nexo con los empresarios a fin de que se concrete el acuerdo.

Acelerado. Eloy Zamalloa indicó que el proceso es acelerado, pero está bajo los parámetros legales que otorga la ley.

Refirió que, a más tardar, el día lunes el Dr. Jaime Coaguila estaría resolviendo en control de acusación para dar fecha a la instalación del juicio oral.

“Estamos dentro de la ley, pero si no se llega a un fallo antes del 14, el procesado tendrá que ser liberado, pero la investigación continuará. Así como puede ser declarado inocente dentro de la cárcel, también puede ser condenado cuando este libre”, mencionó.

CASO. De pasar a juicio oral, un colegiado de la CSJA resolverá el caso, si es que aceptan la prognosis de pena superior a los 30 años de cárcel.

También cabe la posibilidad de que antes del viernes la defensa legal de ambos imputados pueda apelar la acusación.

“Nosotros negamos que exista un abuso por parte del Poder Judicial, se esta trabajando acorde a los plazos establecidos, si el abogado de Pepe Julio afirma algo, tendrá que hacerlo pasado el 15 de febrero”, finalizó.

Demora. la carpeta fiscal cuenta con más de 500 folios. La Fiscalía demoró 33 meses para la acusación.