Cada día, al menos dos adolescentes se convierten en madres en la región, la mayoría por abuso sexual. Así lo revela el informe  Situación de los Adolescentes en Arequipa, presentado ayer por la  Defensoría del Pueblo,  a propósito del Día del Niño, que se conmemoró el 8 de abril.

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El jefe de la Oficina Defensorial, Ángel María Manrique, reveló que según los datos obtenidos de la Gerencia de Salud y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo en el año 2022 hubo mil 117 menores que quedaron embarazadas en la región,  el 95% fue víctima de violación.

Además, de este número de 117 gestantes, 24 fueron menores de 14 años y las demás, entre 15 y 17 años.

En lo que va del 2023, la situación no ha cambiado, solo entre enero y febrero se reportó 125 embarazos en adolescentes, de los cuales, 3 son menores de 14 años de edad. Es decir, son niñas que dejarán de estudiar para convertirse en madres.

En opinión de Manrique, estas cifras son preocupantes y alarmantes, tanto que debería  generar una respuesta o actuación inmediata de las autoridades, pero también de la sociedad.

Bajo esa percepción, Manrique solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Arequipa que elabore  y ejecute un plan de prevención frente al abuso sexual contra adolescentes. Además, trabajar de manera articulada con las instituciones como la Gerencia de Educación, municipios distritales.

“Advertimos que, a 100 días de gestión desde la Gerencia de Desarrollo Social, no se tenga un plan de prevención contra el abuso sexual  con metas claras y tampoco se tenga un plan con los municipios”, lamentó el funcionario.

Este documento permitiría trabajar en prevención desde todas las instituciones, en especial en Educación, para que se refuerce la educación sexual.

A ello se suma la responsabilidad de los padres a mantener una comunicación fluida con sus hijos, pero sobre todo,  tener la confianza para que las menores revelen lo sucedido, así como para que los padres denuncien los delitos y no encubran a los familiares, porque lamentablemente, los abusadores son del entorno familiar o conocidos.

OMISIÓN. Sabido  un hecho de violencia sexual, las instituciones involucradas como las comisarías deben reportar los sucesos a los centros de salud, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, entre otros, con el fin de que cumplan sus funciones.

Entre ellos, los centros de salud deben aplicar el kit de emergencia, el cual consiste en una evaluación y atención para velar por la salud de la víctima, evitar que contraiga enfermedades de transmisión sexual, así como evitar que quede embarazada, considerando que no fue planificado y menos deseado.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional dispuso recientemente que el Ministerio de Salud debe proveer a los centros de salud a nivel nacional las píldoras del día siguiente entre los productos que se entrega a las familias en la estrategia de planificación familiar, fármaco que se utiliza dentro de las 72 horas, en casos de emergencia para evitar el embarazo.

En opinión de Ángel María Manrique, habría un descuido en esta atención y aplicación del kit de emergencia, por ello, los mil 117 embarazos en adolescentes en un solo año y producto de un abuso sexual.

Con el fin de revertir esta situación, la Defensoría del Pueblo hará un seguimiento para verificar si se aplica este kit de emergencia, de lo contrario habría una omisión de funciones.