El personero de una organización política fue condenado por sustraer 261 cédulas de sufragio durante la segunda elección presidencial 2026 en Arequipa. El hecho ocurrió en la institución educativa Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar, y fue resuelto por la justicia en menos de 36 horas desde que se detectó el delito en flagrancia.

El juez Walter Marroquín Aranzamendi, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, halló responsable a Miguel Tupayachi del delito de atentado contra el derecho de sufragio y le impuso una condena de cuatro años de pena privativa de libertad. Sin embargo, al no registrar antecedentes penales y acogerse a los beneficios contemplados por la ley, la sanción fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios.

SUSTRACCIÓN DE CÉDULAS

De acuerdo con la investigación realizada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, el sentenciado aprovechó su condición de personero para retirar indebidamente el material electoral asignado a una mesa de votación, luego de que se haya terminado el proceso de conteo.

Las diligencias permitieron establecer que las cédulas fueron sacadas del local de sufragio ocultas dentro de una caja de alimentos. Posteriormente, durante las investigaciones, el material electoral fue encontrado en la vivienda del acusado, donde fue recuperado por las autoridades y no afectó en el conteo de los votos.

Tras conocerse el hecho, fiscales y efectivos policiales iniciaron una serie de acciones urgentes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se recogieron las declaraciones de coordinadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y otras personas vinculadas al proceso electoral, además de realizarse las verificaciones necesarias para acreditar el delito.

Con los elementos reunidos durante las primeras horas de investigación, el Ministerio Público presentó un requerimiento de proceso inmediato ante el Poder Judicial antes de que transcurrieran 24 horas desde la intervención.

Durante la audiencia, el magistrado emitió sentencia condenatoria contra el personero. Además de la pena impuesta, el sentenciado abonó 2 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la Procuraduría Pública de la ONPE.

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