La Contraloría General de la República detectó un nuevo perjuicio económico de 245 mil soles en las arcas del Gobierno Regional de Arequipa, a través del pago irregular efectuado entre los años 2020 y 2021, beneficiando a personal administrativo de la red de salud Castilla, Condesuyos y La Unión.

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El informe de control específico N° 27-2022-20663-SCE, evidencia que los abonos se efectuaron desde una partida presupuestaria destinada para la adquisición de bebidas y alimentos de consumo humano y no para el pago de incentivos económicos. Peor aún, este bono alimentario se encuentra prohibido por las normas presupuestarias.

Según el órgano de control, son siete los funcionarios involucrados en la autorización de los bonos a los trabajadores, quienes además tienen responsabilidad civil. Se trata de José Díaz Flores, quien se desempeñó cómo director de administración y aprobó el pago de los meses abril, setiembre y octubre del 2020, pese a que tenía conocimiento de su inviabilidad.

De igual forma, Wilbert Bautista Flores, Víctor Alatrista Ulloa, Francisco Suni López, Jordán Cárcamo Huamaní, quienes fueron directores de administración de dicha unidad ejecutora. Los documentos de Contraloría determinan su participación en este proceso.

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