Son 78 millones 261 mil soles perdidos por obras con corrupción en Arequipa, durante el año 2023, según el informe que presentó ayer la Contraloría Regional de Arequipa.

Este monto se obtuvo en 119 auditorías de cumplimiento, es decir, luego que terminó la obra y los controles específicos de los proyectos.

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La Contraloría detectó 401 funcionarios con presunta responsabilidad en el perjuicio de estos 78 millones de soles, de ellos, se identificó a 170 servidores con responsabilidad penal, los cuales ya afrontan denuncias de las procuradurías.

Asimismo, 195 trabajadores tuvieron responsabilidades administrativas, 92 responsabilidades civiles y 81 siguen procesos administrativos sancionadores.

Entre las obras con mayor perjuicio se encuentra la compra de tuberías perfiladas de PVC para el proyecto del río Arma en la provincia de Condesuyos a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). La pérdida fue de 7 millones 178 mil soles, debido a que estas conducciones no se instalaron, ni se hicieron pruebas de calidad y a la fecha, siguen abandonadas en el campamento del proyecto.

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El gerente regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, manifestó que estas redes no se instalaron, ni se instalarán, porque se encuentran dañadas.

Pese a que esta obra de irrigación de río Arma es un proyecto anhelado por los agricultores de Condesuyos, similar al proyecto Majes Siguas II, debido a que busca el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola con la optimización del uso del agua, la obra aún no termina.

El perjuicio de 7 millones de soles corresponde a la primera etapa del proyecto, la cual estaba valorizada en 7 millones 556 mil soles y se ejecutó entre setiembre del 2019 y el 2022. El órgano de control identificó 3 trabajadores con responsabilidad civil, en el periodo de Elmer Cáceres Llica.

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Otra obra emblemática con cuantiosa afectación fue la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales en el distrito de La Joya, con 15 millones 649 mil soles por presunta responsabilidad penal de 9 funcionarios del GRA, luego que la obra se ejecutó entre el año 2014 y 2022.

Según el informe de la Contraloría, se permitió ampliaciones de plazo para favorecer a la contratista, también se demoró en los plazos para la aprobación del expediente técnico adicional.

En la provincia de Castilla, se detectó el perjuicio de 10 millones 35 mil soles en el GRA por no ejecutar trabajos, pagar en exceso en diferentes valorizaciones, no aplicar penalidades y por otorgar ampliaciones de plazo a favor del contratista de manera indebida en la obra del mejoramiento de la carretera Pampacolca, división de Tagre, Tipán.

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