El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari Buendía, descartó que la abogada Delia Espinoza pueda ser removida de su cargo como decana del Colegio de Abogados de Lima, tras la reciente aprobación en el Congreso de la República de la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

La norma, aprobada el pasado 30 de abril, incluye una disposición complementaria el establece que los profesionales inhabilitados para ejercer función en entidades públicas no pueden ocupar cargos directivos en los colegios profesionales. No obstante, Sumari indicó que esta medida no tendría efectos sobre la actual situación de Espinoza, quien fue inhabilitada el año pasado por el Congreso de la República por el plazo de 10 años, cuando se desempeñaba como fiscal suprema.

Sumari explicó que, desde el punto de vista jurídico, las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva. En ese sentido, precisó que la elección de Espinoza como decana ya se concretó antes de que la norma fuera aprobada. “En el hipotético caso de que la ley se publique mañana, ella ya fue elegida decana y no se le puede aplicar para sacarla del cargo; va a seguir ejerciendo sus funciones”, afirmó.

NORMA ES ILEGAL

El decano arequipeño también cuestionó la legalidad de la norma, que fue aprobada con 83 votos y exonerada de una segunda votación. Señaló que los colegios profesionales se rigen por sus propias leyes de creación y estatutos, los cuales tienen rango constitucional. “Se deben a elecciones que eligen a sus representantes”.

En esa línea, remarcó que ninguna ley ordinaria puede modificar procesos ya concluidos ni intervenir en la estructura interna de estas instituciones.

Asimismo, recordó que el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas presentó recientemente un proyecto de ley orientado a evitar ser sancionado por su colegio profesional mientras ejerza el cargo, lo que a su juicio podría abrir la puerta a vulneraciones más amplias en la autonomía de los colegios profesionales. La norma también sería ilegal.

Sumari criticó la actuación del Parlamento, al considerar que incurre en un “safarrancho legal” al intentar interferir en la autonomía de los colegios. Añadió que la comunidad jurídica debería rechazar estas iniciativas y promover acciones legales sustentadas en garantías constitucionales.

“No podemos aceptar las injerencias del Poder Legislativo en el manejo interno de los colegios profesionales que tienen la constitución y las leyes especiales”, manifestó.

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