Defensa pública, una vocación de servicio

En Arequipa, 87 defensores públicos han estado a cargo de 21 mil 993 patrocinios y 57 mil 215 consultas durante todo 2018 hasta la fecha. Si se fraccionara la carga en partes iguales, a cada uno le correspondería 252 casos y 657 consultas. Se trata de una cantidad abrumadora de procesos, si se toma en cuenta que para asegurar una defensa efectiva y oportuna se requiere el doble de personal. En ese panorama, el número de casos simultáneos por abogado no debería superar los 120, a dedicación exclusiva, según la representante de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Arequipa del Ministerio de Justicia (Minjus), Elena Villegas Portilla.LOS CASOS. Los abogados de esta entidad ven asuntos en materia penal, civil, asistencia legal, asistencia a víctimas y conciliación extrajudicial. Este servicio gratuito es financiado por el Estado y está amparado en la Ley N° 29360, con el objetivo de fortalecer el servicio legal quede ciudadanos de escasos recursos económicos y quienes están en situación de vulnerabilidad. “Cuando en 1996 se inició la defensa pública en Arequipa había solo un abogado colaborador, hoy es diferente y la cobertura llega a todas las provincias de la región”, indica Villegas. La sobrecarga aumenta con el transcurrir de los años, la expansión urbana es una de las causas. Según el último censo, Arequipa está habitada por un millón 382 mil 730 personas. Pasó del octavo puesto al cuarto lugar entre las regiones con mayor número de habitantes en el país. Por ello, la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Arequipa tiene 20 sedes en la región. Desde el año pasado trabajan en en Orcompampa (Castilla), mientras que en Chala, Acarí (Caravelí), y Cotahuasi (La Unión), se ha fortalecido el servicio. En su mayoría, la asesoría legal gratuita es para atender denuncias por los delitos de violencia familiar y agresiones físicas contra mujeres, que durante el 2018 hasta mayo 2019, sumaron 2 mil 321 y 2 mil 296 expedientes, respectivamente. (Ver infografía).Los asuntos más frecuentes, asistidos por este servicio son la omisión de prestaciones de alimentos con 591, seguido por 98 de violencia familiar y 90 de violación sexual, entre otros. (Ver infografía). Cabe resaltar que en toda la carga detallada anteriormente no se incluyen aquellos en estado pasivo, que aguardan hasta que se levanten ciertas observaciones, indica Villegas. La actuación de estos abogados muchas veces parece imperceptible, pero siempre están presentes en inspecciones, controles de fiscalización, operativos, etc. Es precisamente en estos trabajos coordinados entre la Fiscalía y Policía Nacional del Perú, que las víctimas salen a flote y requieren ayuda. 

LUCIANA. Solo por citar uno de los casos notorios que hoy llevan abogados públicos, mencionamos la defensa penal y civil de la pequeña Luciana. La menor que este mes cumple un año, habría sido comprada a sus progenitores a cambio de 4 mil soles por la modelo Cinthia Tello y el exdirector de la Policía Raúl Becerra Velarde, en 2018, esto según investigación fiscal. Lucianita fue rescatada en noviembre del año 2018 de manos de la organización criminal “Los desalmados del tráfico humano”. Ella es defendida exclusivamente por dos defensores públicos.

DEBERES. Para fortalecer el servicio legal que se le brinda a Lucianita y miles de personas, a nivel nacional, el Gobierno emitió una disposición el año pasado que vuelve a incidir en los deberes del defensor público, que entre otros es acompañar a las personas a quienes se brinda algún servicio de defensa y no recibir estipendios, dádivas, bienes, objetos, beneficios o similares.La persona que desea acceder a la asistencia legal solo debe presentar su constancia de contar con el Seguro Integral de Salud (SIS). Villegas espera contar con más personal para continuar brindando servicio legal a los que menos tienen.