Solo faltan 8 días para que se concluyan los 60 días del estado de emergencia en la provincia de Islay por el conflicto minero Tía María, pero el Gobierno, a decir de las autoridades del valle de Tambo, “no hizo nada”.

Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Mollendo; Elard Valencia, alcalde de Cocachacra; y Jaime De la Cruz, de Deán Valdivia, coinciden en criticar la labor del Gobierno central, principalmente del Ministerio de Energía y Minas, por no aprovechar todo este tiempo para retomar el diálogo en la zona.

“No están haciendo nada. No hay absolutamente nada del Estado, cuando ellos tienen la primera responsabilidad de informar sobre el proyecto Tía María. Este es un craso error”, señaló Núñez.

El estado de emergencia por Tía María ha hecho que la tensión baje en las zonas de conflicto, pero, a decir del representante del sector empresarial, se pudo hacer más en relación a difundir los beneficios del proyecto minero. “Se mantiene la incertidumbre”.

-

OPOSICIÓN. Los burgomaestres Valencia y De la Cruz, férreos opositores al proyecto Tía María, también cuestionaron que no se haya retomado las mesas de diálogo para la solución del conflicto.

“Es muy lamentable lo que están haciendo. No se avanzó nada. La declaratoria solo fue para tener sumisa a la gente y lo que han provocado es que ahora se retomen las actividades con miedo. La difusión de la empresa (Southern) tampoco se hace aquí en la parte afectada, con los cocachacrinos”, opinó Valencia.

Por su parte, el alcalde de Deán Valdivia confirmó que, pese al tiempo transcurrido, el Ministerio de Energía y Minas no convocó a ni una sola reunión para tratar el tema.

AMPLIACIÓN. Ante la cercanía del plazo, la Región Policial Sur solicitará al Ejecutivo la ampliación por otros 60 días más, para prevenir el rebrote de las protestas violentas en la provincia de Islay.

“Enviaremos un informe al Ministerio del Interior pidiendo la prórroga de este periodo”, informó el coronel Manuel Echegaray, jefe de Estado Mayor, la semana pasada.

Antonio Núñez consideró que esta medida sería negativa, por lo que se mostró en contra de que sea aceptada por el presidente Ollanta Humala.

-

“¿Qué se soluciona con la ampliación? Es lamentable tener que escuchar esos comentarios. La manera es tener una mesa de diálogo responsable y que el Gobierno traiga propuestas”, opinó Elard Valencia.

Asimismo, lamentó que se mantenga la disposición por parte del Ejecutivo de “congelar” las cuentas de la Municipalidad de Cocachacra, situación que perjudica en la ejecución de obras proyectadas para la población. Finalmente, calificó las investigaciones de la Contraloría como una persecución política por mantener una posición contraria al proyecto minero.