Los hallazgos realizados por la Fiscalía en la laptop de la consejera Jeimi Natividad Flores Quicaña corroborarían vinculaciones entre la legisladora de Caylloma y empresas que contrataron con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El computador forma parte de los objetos y documentos incautados en el allanamiento que hizo la Fiscalía Anticorrupción el pasado 23 de octubre en la vivienda de Flores. La consejera es imputada como presunta integrantes de la organización criminal Los hijos del cóndor. Según el fiscal Arturo Valencia Paiva, la delegada habría recibido diferentes beneficios personales, otorgamiento de obras, terrenos y dinero en efectivo por respaldar la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

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En la visualización de la laptop que hizo la Fiscalía, se encontraron diferentes documentos entre los que destacan cotizaciones de empresas y personas naturales de bienes y servicios para gerencias del gobierno regional. Estas evaluaciones se hicieron desde que Flores asumió un sillón en el Consejo Regional de Arequipa, en 2019. De dicho año se tienen seis documentos de contrataciones con la entidad regional. De 2020 se tienen cuatro y de este año nueve.

Como medio de prueba, la Fiscalía tiene la impresión de la consulta del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas del 27 al 30 de octubre de 2021 que hizo de las empresas mencionadas en la documentación como son Fusión Global, Metal MASS EIRL, E& F Transmaq SRL y cuatro personas naturales.

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La Fiscalía halló que Fusión Global registra contrataciones en 2020 con el GRA por S/88 mil 823 y durante 2021 por la suma de S/83 mil 595; Metal MASS EIRL contrató con la entidad regional en 2019 por S/351 mil 226, en 2020 por S/606 mil 222 y este año por S/525 mil 405; E&F Transmaq por montos similares a diferencia de este año que superó los S/9 millones 300 mil. Las cuatro personas naturales también registran contrataciones con el GRA durante estos tres años por montos de S/7 mil hasta S/562 mil. La Fiscalía usa estos medios de prueba para solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la legisladora por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho.

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