Enfrentamientos en Majes por superposición de terreno entre Autodema, GRA y municipio
Enfrentamientos en Majes por superposición de terreno entre Autodema, GRA y municipio

Los enfrentamientos por terrenos en el distrito de Majes - El Pedregal no han cesado a pesar de la suspensión de la Ordenanza Municipal N° 016-2017-MDM, y el origen de todos estos problemas está en la superposición de propiedad, un asunto no resuelto, en donde se confrontan las familias Vásquez Díaz y Huaco Menéndez, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), la Municipalidad Distrital de Majes (MDM), y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

En el expediente Nº 01342-2012-PA/TC, del 5 de noviembre de 2012, los magistrados del Tribunal Constitucional le dieron la razón a los Huaco Menéndez, respecto al mejor derecho de propiedad sobre 471 hectáreas del predio rústico Pájaro Bobo, en donde están asentadas varias parcelas en producción, vendidas por Autodema, hace más de 30 años.

SENTENCIAS

La disputa legal era únicamente por esa extensión de terreno ubicada en el distrito de Quilca, conocido hoy como Pampa Baja, pero el fundo tiene 49 mil hectáreas como les fue reconocido en sendas sentencias, y gran parte ha sido ocupada por invasores a quienes la municipalidad prometió formalizar, durante las gestiones sucesivas de Renee Cáceres Falla, Helard Hurtado Retamozo y nuevamente Cáceres Falla.

Otro tanto del distrito que antes era jurisdicción de Siguas es reclamado por los Vásquez Díaz, nada menos que 170 mil hectáreas reconocidas como Fundo Huacán, de acuerdo a la Partida Registral N° 04002482, que el 13 de enero de 1903 regulariza la titulación a favor de Manuel Gutiérrez Cossio, en el año 1846.

Parte del enorme terreno, es decir, 16 mil 512 hectáreas, corresponden a las parcelas hoy cultivadas y vendidas por Autodema a los colonos de las secciones C, E y parte de A y B, como se lee en la Memoria Descriptiva del Predio Huacán, adjunta a la Resolución N° 80-2005-MP-1FSP, mediante la cual el Ministerio Público declara improcedente la denuncia por estafa que entablara la Procuraduría del GRA, contra esta familia.

Al crearse la jurisdicción distrital de Majes en diciembre de 1999, Autodema transfirió no solo el área agrícola, sino la de vocación urbanizable, la ciudad y los asentamientos que de manera incipiente se iban formando. Los problemas no tardaron en llegar, por las invasiones incontrolables, promovidas desde la misma comuna. No debe olvidarse que por el asunto de tráfico de terrenos, el primer alcalde, Fernando Huarca Usca, fue apresado por los delitos de peculado doloso y colusión desleal, por el Juzgado Penal Liquidador de Camaná.

Años más tarde, el GRA, desde la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), promovió la entrega de una serie de reversiones, bajo el argumento de que muchos terrenos perdieron su finalidad al no hacerse efectivos los proyectos como el parque industrial, casa granja y microempresas.

Este es el caso de la Resolución Ejecutiva Regional N° 616 - 2018-GRA/GR, mediante la cual se revierten 1,903 hectáreas de terrenos de propiedad de la Municipalidad Distrial de Majes a favor del GRA, lo extraño es que el trámite se hizo a pedido de dos asociaciones de ocupantes irregulares, una de ellas en proceso de desalojo.

Todas estas acciones legales y administrativas han convertido esta jurisdicción en inviable hacia un crecimiento ordenado, cada quien defiende el territorio como suyo, en lugar de conformar una comisión de saneamiento, en donde sus integrantes no sean parte de la corrupción reinante.

DUDAS

La presidenta del Frente de Defensa del Distrito de Majes, Mercedes Pacheco, advierte que cuando salga la sentencia a favor de los Vásquez Díaz, los colonos de las zonas superpuestas que le compraron a Autodema hace tres décadas, se verán en una difícil situación porque resulta que la propiedad usufructuada le pertenece a terceros.

Sobre este particular, el alcalde distrital, confía en que el Poder Judicial dará la razón al Estado porque existe una inscripción de reserva de tierras destinadas al Proyecto Majes Siguas I y II. “A estas alturas no es posible pensar que toda la primera etapa pase a ser propiedad de una familia, es imposible”, refire.

SITUACIÓN LEGAL

Consultado sobre la situación, el asesor legal de Autodema, William Farfán, refirió que el proceso seguido por el fundo Pájaro Bobo, está en inicio de ejecución de sentencia con el trámite en Registros Públicos para hacer la subdivisión y establecer los linderos, conforme lo dispuso el TC que le dio condición de cosa juzgada.

“Nosotros tenemos una ficha matriz, el TC les ha indicado que tienen derecho de propiedad sobre 49 mil hectáreas”, remarcó.

Respecto a la demanda de los Vásquez Díaz, explicó que se trata de un proceso en la vía ordinaria, que está en giro sin sentencia, la pretensión es el mejor derecho de propiedad sobre 170 mil hectáreas, de las cuales está por definirse si les corresponde.

PRIMERA AUDIENCIA

Por su parte el abogado Renato Silvestre, quien representó a la familia que reclama Huacán, recordó que el juicio ha sufrido demoras desde el año 2015 porque Autodema recusó al titular del Séptimo Juzgado Civil con diferentes argumentos, y porque exigió integrar al caso a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la MDM.

En este juicio, tanto el GRA como el Proyecto, cuestionan los derechos de la familia demandante. A la fecha, se ha ingresado a la etapa probatoria. “Ya hubo la primera audiencia y estamos a la espera de que se señale fecha y hora, calculo que será en tres o cuatro meses, eso no lo puedo precisar por cuanto la carga procesal es alta”, refirió Silvestre sobre su patrocinados.

Por último recalcó que al juicio sería visto por otro abogado. “Le doy detalles de lo actuado a mi cargo, más adelante no sé si me confiarán la defensa técnica, pero eso es lo que se tiene hasta el momento a mi cargo”.

ROL DEL FISCAL

Uno de los reclamos de quienes ven de cerca el grave problema de las invasiones es que el Ministerio Público ejecute un trabajo responsable. Nicolás Miramira Condori habló sobre lo que le tocó vivir durante seis años frente a la acción de los promotores de asociaciones, en su afán por adquirir lotes en el distrito de Majes, y terminó estafado sin que esto sea debidamente valorado por el fiscal José Manuel Lazo Paz.

En la Disposición Fiscal N° 03 del Caso N° 2016-1716, dicho magistrado trajo por tierra todos los cargos formulados por Nicolás Miramira, en contra del presidente de la Asociación Casa Granja San Martín, Mario Mamani Mamani, a quien lobró de toda responsabilidad.

El proceso se remonta al 7 de agosto del año 2011, cuando, animado por un familiar, Miramira se vinculó a Mamani para adquirir dos lotes de dos mil m2 cada uno, por el precio de 7 mil soles y recibió como toda constancia recibos sin valor por los conceptos de trabajos, guardianía y otros servicios relacionados a los lotes 03 y 04 de la manzana U.

Días después, el comprador acudió a reclamar la constancia de compra y fue convencido para adquirir otros dos lotes por similar suma, solo que el día de tomar posesión de los predios jamás llegó, hasta enero del año 2016, cuando se percató que los terrenos estaban cercados y tenían otro supuesto dueño.

Todos estos detalles figuran en el expediente fiscal. Acusó a Mamani de estafa, estelionato y lavado de activos, debido a los signos exteriores de riqueza que evidenciaba, entre ellos la posesión de seis vehículos registrados a nombre de terceras personas.

LIBRE

Cerca de un año tomó la investigación y el fiscal Manuel Lazo libró de toda responsabilidad al dirigente y dispuso el archivamiento. Para este magistrado, no hubo delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada, tampoco estelionato ni fraude en la administración de personas jurídicas.

Mientras tanto, la venta de lotes sigue viento en popa. Cualquier persona puede acercarse hasta este lugar y buscar al dirigente para fijar una transacción. El número de denuncias es alto, solo en este caso, Mamani habrá sido acusado en once oportunidades, pero de todas ha salido bien librado porque la zona está en disputa entre los Vásquez Díaz y la municipalidad.

Formalizar. Se requiere una norma concertada

La autoridad local del distrito de Majes, Renee Cáceres, advirtió que se requiere una norma concertada entre la Superintendencia de Bienes Nacionales, Cofopri y el Ministerio de Vivienda, para formalizar las ocupaciones de manera correcta y acabar el negociados de las invasiones que involucra por lo menos al 60% de los asentamientos cercanos a El Pedregal.

“Somos un distrito con 18 mil hectáreas en producción, más de 100 mil habitantes, el crecimiento económico es sostenido y alto, eso resulta atractivo para los migrantes que vienen como peones, vaqueros, cuadrilleros. Ese movimiento hace que la informalidad crezca y se necesita de una vez por todas poner fin a este grave problema”, agregó Cáceres.

“Le compré a los Vásquez Díaz y ahora el municipio me acusa de ser invasor”

Máximo Daniel Castillo Choque y su hija, Liliana Andrea Castillo Pari, son dos de los cientos de víctimas de este desorden reinante en el distrito de Majes, en donde no está bien establecido quién es el dueño de las propiedades.

Ambos fueron denunciados por la Municipalidad Distrital de Majes (MDM) ante el despacho del fiscal provincial Penal José Manuel Lazo Paz, y este formuló una acusación ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de El Pedregal - Majes, por el delito de usurpación agravada, en el entendido de los señores Castillo, al invadir una propiedad de la comuna.

El litigio se refiere a un terreno de 200 hectáreas que forma parte del Fundo Huacán reclamado por la familia Vásquez Díaz, ubicado en la zona hoy denominada “ciudad perdida” porque es alejada de la capital del distrito y debido al sinnúmero de enfrentamientos a balazos que se dan en disputa por tierras.

“Mi hija y yo compramos esas 200 hectáreas a los señores Vásquez Díaz, porque nos mostraron el título de propiedad y ahí claramente se ve que ellos son los dueños. Cuando me asenté en esta zona que nadie quería, de pronto apareció Mario Mamani Mamani, trajo gente para invadir los alrededores y creó la Asociación Casa Granja San Martín, y no contento con eso invadió mi propiedad, me quisieron sacar de mi casa a balazos y me quemaron todo”, relata Castillo sobre lo que se ha visto obligado a vivir.

También refiere que la MDM le inició juicio para favorecer a los invasores. “El alcalde quería que me sentencien para darle mis terrenos a los invasores, ese dirigente se dedica a sacar dinero, vende los lotes a 20 mil soles, a 15 mil soles y cuando le da la gana, los saca y mete a otro con ayuda de matones, aquí no hay justicia”, agrega.

“El fiscal no quería entender nada y ahora solo espero que el juez me dé la razón. Yo no soy un delincuente, le he comprado a los dueños y ahora me quieren sentenciar por un delito que no he cometido. Yo exijo que se revisen los antecedentes del fiscal Manuel Lazo, porque creo que actúa a favor de los invasores”, finalizó.

En la “ciudad perdida” se evidencia que muy pocos habitan los predios cercados. Solo la casa de Mario Mamani luce con gran avance de construcción de material noble.

Centenares de asociaciones inscritas en el municipio

En los registros de la Subgerencia de Formalización Territorial de la Municipalidad Distrital de Majes, existen centenares de asociaciones inscritas, todas con fines de conseguir terrenos para casa granja y vivienda, y respaldadas por partida registral.

El alcalde Renee Cáceres Falla dijo que su antecesor, Helard Hurtado, le dejó todo desordenado sin información digital de los registros y solo el 60% de expedientes físicos. “Estamos recuperando lo que se puede, no hemos terminado aún, son ocho años de desorden”, remarcó.

Una de las inscritas es la Asociación Casa Granja San Martín de Majes, presidida por Mario Mamani Mamani, creada en febrero de 2005, y desde entonces se ha mantenido en el cargo la misma persona, excepto por una breve interrupción entre 2012 y 2014, cuando fue reemplazado por Edwin Zeballos Noa.

Máximo Castillo asegura que esta organización trabaja de la mano con el municipio, ocupando predios en donde el gobierno local asegura ser titular de la propiedad, y su actividad principal es la venta de lotes invadidos.