Fiscal María Cárdenas: "Familiares de Pepe Julio Gutiérrez me amenazan"
Fiscal María Cárdenas: "Familiares de Pepe Julio Gutiérrez me amenazan"

Desde enero del presente año, en que se creó en la Fiscalía Corporativa de Crimen Organizado, 50 casos se investigan al momento. Aquí se ventilan las denuncias de extorsión, tortura y trata de personas.

La fiscal María Alejandra Cárdenas Ávila, a cargo de una de las dos fiscalías especializadas, sostuvo que el trabajo desplegado le trajo más de una amenaza contra su integridad por parte de los procesados por delitos de extorsión. “En los casos de extorsiones los investigados son personas de alta peligrosidad, tal como ocurre con el caso de el valle de Tambo. He sido amenazada por los familiares de . He sido intimidada con marchas, una serie de amenazas que se hacen en emisoras por parte de oyentes, pero entiendo que es parte de mi trabajo”, puntualizó.

Recordó que gracias a un acuerdo plenario de la Corte Suprema, ahora se puede condenar a un extorsionador con la declaración de un solo testigo, que puede ser la misma víctima, siempre y cuando este testimonio revista criterios de validez

LUCHA. La fiscal de Crimen Organizado manifestó que un ejemplo de lucha contra la delincuencia es sin duda lo ocurrido con el colegio Prescott, donde una vez conocido el pedido de dinero, por un supuesto delincuente para dejar que realicen sus estudios con tranquilidad, se tomaron acciones conjuntas con la Policía Nacional y la dirección del plantel.

“Esto ha dado resultados y no se registraron nuevos casos de extorsiones a colegios en Arequipa. El mensaje a los delincuentes es que ante un hecho similar actuaremos rápida y oportunamente”, dijo.

TORTURA. En este despacho se ventila el único caso de tortura que existe en Arequipa y es sin duda el de Yovana Juana Mendoza Serrano (35), quien aseguró que sujetos desconocidos la agredieron, humillaron, desnudaron y le cortaron el cabello, durante las protestas contra el proyecto minero ; argumentando que apoyaba a la mina.

Cárdenas Ávila sostuvo que si bien es cierto es un caso complicado, existen muchas evidencias que involucran no solo al dirigente Jesús Cornejo, sindicado por la agraviada, sino también de parte del personal de serenazgo de la municipalidad de Cocachacra, en vista que ellos estuvieron presente durante los hechos y no hicieron nada por evitar los maltratos contra la mujer .

La fiscal dijo que en las audiencias demostrará cada uno de los delitos denunciados por los conflictos en el valle de Tambo.