Fiscalía desiste de pedido para investigar a dirigente de Tambo

La Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos decidió retraerse de su pedido para seguir investigando al dirigente del Frente de Defensa del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, principal promotor de las protestas contra el proyecto Tía María.

El caso abierto en mayo pasado pretendía determinar si Gutiérrez Zeballos y su grupo tenían patrimonio aparentemente ilícito, pero al haber un dictamen en primera instancia que negaba dar mayor plazo para la investigación, la fiscal del caso Carol Cuba prefirió desistir de la misma.

Actualmente, esta investigación fue archivada parcialmente por la propia magistrada y se espera que la Fiscalía Superior dé por consentida la resolución.

Aunque, tras vencer los 8 meses para la investigación preliminar, la fiscal Carol Cuba, titular de la 2da Fiscalía de Lavado de Activos, solicitó inicialmente que se otorgue ocho meses más.

Ante el primer fallo se apeló para que una sala superior revise la resolución, lo cual no pudo efectuarse ayer, pues la magistrada había dimitido.

ARCHIVO. El abogado defensor del presidente de la Junta de Usuarios de Tambo, Jesús Cornejo, Héctor Herrera señaló que la magistrada Cuba archivó el caso para todos los implicados con excepción de su patrocinado, Pepe Julio Gutiérrez y el exalcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz.

Esta disposición había sido comunicada hace un mes aproximadamente; sin embargo, no había sido sustentada. No obstante, con la retracción fiscal se espera que todo el proceso llegue a ser archivado.

ACCIONES. Además de los tres dirigentes, también involucraba al exalcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz; el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo; el alcalde provincial de Islay, Richard Ale; el alcalde de Cocachacra, Helard Valencia; el burgomaestre de Punta de Bombón, José Ramos y agricultores del valle.

Cabe señalar, que parte de los implicados en este caso también se encuentran investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado a cargo de la magistrada Alejandra Cárdenas, bajo los cargos de tentativa de extorsión en contra de la empresa Southern Peru y extorsión en agravio del Estado. Al haber esta disposición fiscal, algunos habrían solicitado que también este proceso concluya sin llegar a la etapa de juzgamiento.