La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa dispuso abrir una investigación preliminar por 60 días contra el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera Chávez, regidores de la comuna y la empresa de transportes Emarsistran, por la presunta comisión de delitos vinculados al cobro de pasajes en el servicio urbano.

La medida, formalizada el pasado 20 de marzo, responde a la denuncia presentada por la ciudadana Katty Corrales Arteaga, quien reportó un presunto cobro indebido en una unidad de transporte público.

HECHOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Según el testimonio y denuncia, el 12 de marzo de 2026 la denunciante abordó la unidad C-9, de placa CP-234, de la empresa “3 de Octubre”, que cubre la ruta entre Campiña Socabaya y el distrito de Miraflores.

Corrales señaló que, al retornar desde el centro de la ciudad y a la altura de la posta Las Esmeraldas, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, intentó pagar S/ 1.00 por el pasaje. No obstante, la cobradora le exigió S/ 1.50, generándose una discusión en la que, según la denuncia, recibió insultos.

La pasajera indicó que la tarifa debía ser de S/ 1.00 debido a que el servicio se encontraba en fase preoperativa del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Sin embargo, el conductor respaldó el cobro de S/ 1.50, argumentando el alza del precio del combustible y advirtiendo sobre un paro de los transportistas.

DELITOS EN INVESTIGACIÓN

A partir de estos hechos, el Ministerio Público planteó como hipótesis la presunta comisión de varios delitos:

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377 del Código Penal), que sanciona a funcionarios públicos que incumplen sus deberes con penas de hasta dos años de prisión y multa.

Colusión (artículo 384), que castiga la concertación indebida entre funcionarios y particulares en procesos vinculados al Estado, con penas de entre tres y seis años de cárcel.

Especulación (artículo 234), delito contra el orden económico que sanciona el incremento injustificado de precios en servicios esenciales, con penas de entre dos y seis años de prisión, que pueden agravarse en contextos de emergencia.

DILIGENCIAS Y CITACIÓN

El fiscal Eufragio Ticona Zela, dispuso una serie de diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, la toma de declaración de la denunciante, la solicitud a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de la partida registral del vehículo involucrado, y el requerimiento de información a la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, entre otras.

En particular, el Ministerio Público busca determinar si existe algún convenio o disposición oficial que autorice el incremento del pasaje urbano, así como establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios de la Municipalidad y las empresas concesionarias del SIT. Cabe recordar que el cobro de S/1.50 se aplicó de manera unilateral por parte de los Transportistas, pese a que el contrato fija la tarifa de S/1.00.

La investigación en etapa preliminar tardará 60 días y tiene como objetivo recabar elementos que permitan confirmar o descartar las imputaciones para continuar con la denuncia penal.

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