En la última década, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y el Gobierno Regional de Arequipa (MPA) han estado en manos de dos agrupaciones políticas: Arequipa Renace y Arequipa Tradición y Futuro (ATF), respectivamente.

Alfredo Zegarra Tejada gobernó al frente de la comuna provincial desde el 2011, cuando fue elegido por primera vez, repitió el plato en el 2014 y debía quedarse hasta diciembre de este año, pero se alejó para postular como gobernador.

En el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ATF posicionó a Juan Manuel Guillén Benavides, exalcalde de Arequipa y exrector de la Universidad Nacional de San Agustín. Permaneció en el cargo desde 2007 hasta el 2014, cuando le sucedió Yamila Osorio Delgado, también de la misma agrupación.

Curiosamente, las dos gestiones más prolongadas en la municipalidad y la Región tienen el mayor número de funcionarios inhabilitados por la Contraloría General de la República por actos de corrupción.

Convoca.pe elaboró un consolidado donde reúne a los servidores sancionados para gestión pública por la Contraloría de la República a nivel nacional, en este se ve que Arequipa es la segunda región con más trabajadores sancionados después de Lima, desde el año 2015. Lima tiene 307 exservidores sancionados y Arequipa 140, siguen Cajamarca con 137, La Libertad con 110 y Junín con 98.

ALCALDÍAAlfredo Zegarra Tejada logró notoriedad cuando fue elegido presidente del Club Huracán y luego decano del Colegio Médico, desde donde incursionó en la política siendo teniente alcalde de José Luis Bustamante y Rivero junto a Raúl Osorio. Después de eso, fundó la agrupación Arequipa Renace, que lo llevó a la alcaldía del mismo distrito y luego a la MPA por dos períodos seguidos.

Precisamente en su gestión como burgomaestre de Arequipa hubo el mayor número de personal de confianza sancionado con las faltas más graves (4 y 5 años de inhabilitación). El órgano de control aplicó 17 suspensiones a siete trabajadores, algunos tienen hasta 5 castigos.

-

Revisando los casos, notamos que uno de los excolaboradores de Zegarra Tejada se encuentra entre los funcionarios con mayor número de sanciones a nivel nacional, se trata del exgerente de Desarrollo Urbano, Carlos Moya Castro, quien tiene 5 inhabilitaciones. No puede ejercer cargo público por cinco años, al ser hallado responsable de faltas como favorecer a una empresa en la compra de butacas para el Palacio de Bellas Artes, cuando era miembro del comité de selección.

Según la Resolución N°004-246-2017-CG/RSRA de julio del 2012, la municipalidad simuló el alquiler de 2 mil butacas para el anfiteatro del Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, cuatro días antes de su inauguración, cuando los bienes se encontraban instalados con anterioridad. Posteriormente, luego del proceso de adquisición, le dieron la buena pro a la misma empresa que alquilaron, Inmomer SAC y según la Contraloría, se causó un perjuicio de 10 mil 840 soles a la comuna.

Esta falta fue considerada muy grave (7h) “por actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, tanto en los contratos, licitaciones, licencias, subastas u otras operaciones a su cargo”, según información de la Contraloría.

Cabe indicar que del total de colaboradores inhabilitados a nivel nacional, 900 de ellos fueron castigados por cometer este tipo de infracciones. Le siguen las faltas graves de tipo 7n, que suma a 345 y son las consideradas por incumplir, negarse o demorar de manera injustificada o intencional el ejercicio de sus funciones.

Otros seis funcionarios de la MPA también fueron sancionados por el ente fiscalizador, como es el caso de Ángel Manrique Chávez, Luis Rodríguez Pauca, Michael Enrique Velásquez, Pedro Valdivia Salas, Ronald Córdova Salas y Víctor Arango Ortiz (+).

GOBIERNO REGIONALEn el caso del GRA, el paso de Arequipa Tradición y Futuro es también cuestionado. Juan Manuel Guillén Benavides fue fundador del movimiento que lo llevó a ser alcalde de Arequipa de 1999 al año 2002 y a partir del 2007 fue presidente regional hasta el 2014.

En estos ocho años hubo 16 sanciones graves aplicadas a 12 funcionarios, algunos servidores tienen hasta tres inhabilitaciones por perjudicar los intereses del Estado.

-

Solo como ejemplo, Jorge Luis Aguilar Gallegos tiene dos inhabilitaciones de 5 años por cometer dos faltas muy graves. Según la Resolución N°177-2017-CG/TSRA, la Contraloría inhabilitó al exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa por realizar 72 contrataciones directas entre el año 2012 y 2014 por un monto total de 38 millones 299 mil soles, cuando se debió aplicar procesos de contratación.

El órgano de control concluyó que tanto Aguilar como los otros implicados, Sarah Peña Aguilar y Juan José Velille Torres, actuaron parcializadamente en contra de los intereses del Estado en la contratación de bienes, servicios y obras. Todos ellos son enjuiciados por su trabajo en el GRA.

INSISTEN EN EL PODERTanto Arequipa Renace como Arequipa Tradición y Futuro son los movimientos con mayor aceptación. Ambas agrupaciones se alistan para seguir en la carrera pública. ATF postula ahora para el GRA a Leonel Cabrera Pino, militar retirado, mientras que Arequipa Renace lleva a este mismo organismo a su pieza más fuerte, Alfredo Zegarra. Para la alcaldía candidatea Omar Candia, alcalde de Alto Selva Alegre por dos períodos y cofundador del grupo.

En una nota de prensa de abril de este año, Contraloría General de la República recordó que los alcaldes, gobernadores, ministros y titulares de cualquier organización pública deben ejecutar de manera inmediata las Resoluciones que emita este organismo y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, para el caso de los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados por los actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones. El plazo para aplicar las sanciones es de 5 días después de haber sido notificados.

Pese a esto, la posibilidad de que estos funcionarios participen en las elecciones de octubre está latente. El Jurado Nacional de Elecciones y sus organismos descentralizados solo podrán impedir que eso suceda, si los ciudadanos notifican la presencia de alguna de estas personas en las listas de postulantes a gobiernos locales o regionales. Así, los electores tienen la última palabra.

NOTA. Este informe forma parte de un proyecto colaborativo de periodistas de Arequipa del diario digital El Búho.pe, La República, Correo, RPP, Radio Yaraví, El Comercio y Convoca. La publicación surgió como parte del ‘Investiga Tour’, la sala de redacción itinerante para el periodismo de investigación impulsada por Convoca y sus aliados para cubrir en red las elecciones 2018 en Perú.

-

Disponibles herramientas para electores

La Presidencia del Consejo de Ministros puso a disposición del público el Módulo de Consulta Ciudadana del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido donde, a través de un buscador, se puede conocer el caso de cualquier trabajador público.

Convoca.pe tiene un consolidado de funcionarios sancionados con detalle para los interesados.

7 trabajadores inhabilitados con las sanciones más altas tiene la Municipalidad Provincial de Arequipa.12 funcionarios fueron inhabilitados por faltas graves en el Gobierno Regional de Arequipa.SERVIDORES NECESITAN CAPACITACIÓN

Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en las instituciones públicas permiten descubrir irregularidades que terminan en sanciones administrativas de suspensión y hasta en denuncias penales o civiles, en función a las responsabilidades.

Según el reporte de la Contraloría la mayoría de los castigos se aplican por parcializarse a favor de las empresas e ir en contra de los intereses del Estado.

Pero existe otro grupo de servidores, que caen en faltas por desconocimiento y es en este caso que el especialista en Derecho Municipal y co fundador del movimiento Arequipa Tradición y Futuro, Jorge Sumari, sugiere a la Contraloría capacitar a los trabajadores.

En su opinión las municipalidades requieren de personal especializado para realizar las contrataciones, porque los errores y faltas surgirían de malas interpretaciones de la norma y el desconocimiento.

“A veces requieren ciertas características en los procesos de licitaciones, pero las empresas no entregan los productos que ofrecieron y al final no coinciden las propuestas técnicas con los productos adquiridos”, dijo.

Otra deficiencia sería el desconocimiento del Sistema de Contrataciones del estado (Seace).