El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, detenido la madrugada del sábado 23 en el distrito de Miraflores como sospechoso de liderar la red criminal Los Hijos del Cóndor, tiene otras 16 denuncias que están en fase de investigación preliminar en el Ministerio Público.
Once de estos casos son vistas por fiscalías anticorrupción y seis por fiscalías penales. Todas se iniciaron desde el primer año de su gestión en el Gobierno Regional de Arequipa.
ROSARIO. Una de las primeras denuncias fue interpuesta por Marcial Carpio Talavera en setiembre de 2019 por el presunto delito de disturbios durante las protestas contra el proyecto minero Tía María.
Ese mismo mes, la Fiscalía Anticorrupción inició una indagación contra los que resulten responsables por la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II.
Cuatro meses antes, el representante del instituto Solidaria Perú, Arturo Salas, acusó presuntas irregularidades y en febrero de este año solicitó a la Fiscalía la incorporación de Cáceres Llica como autor del delito de colusión agravada, también por la adenda.
En 2020, las fiscalías penales pusieron en marcha un proceso contra el gobernador por no cumplir con la implementación de protocolos sanitarios durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Además, se abrieron otras cuatro por el hallazgo de medicamentos y equipos de protección en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud. El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce, lo denunció por los delitos de homicidio y omisión de actos funcionales, debido a las muertes de pacientes en carpas y sillas durante los picos más altos de la emergencia sanitaria.
Otras ocho investigaciones contra la primera autoridad de la región son llevadas por cuatro fiscalías anticorrupción para determinar presuntas irregularidades en compras de insumos, la construcción del cementerio Culebrillas y en la obra del servicio de hospitalización del Honorio Delgado Espinoza. También es investigado en el caso Jardín del Colca y la ejecución de una plaza pública en Yura.
DESTITUCIÓN. Su cargo de gobernador regional no es seguro. Adicional a la lista de investigaciones está en proceso el fallo de la Primera Sala Civil de Arequipa que analiza la apelación a la destitución ordenada por el juez Luis Madariaga por la demanda de acción de amparo interpuesta en su contra el año pasado por no implementar los protocolos sanitarios por la pandemia, lo que trajo como consecuencia muertes de ciudadanos y personal médico.