El Gobierno declaró en estado de emergencia a 45 distritos de Arequipa ante el peligro inminente generado por el déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La declaratoria comprende distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Durante este periodo, los gobiernos regionales y locales deberán ejecutar medidas inmediatas para reducir el riesgo existente, atender posibles emergencias y realizar acciones de rehabilitación.

En la provincia de Arequipa fueron incluidos Cerro Colorado, Chiguata, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Quequeña, San Juan de Tarucani, Yarabamba y Yura.

La inclusión de Miraflores y Mariano Melgar genera dudas debido a que ambos distritos tienen una característica principalmente urbana y no concentran actividades agrícolas o ganaderas en comparación con otras zonas de la ciudad. El decreto no precisa, en el texto señalado, la razón específica por la que fueron considerados dentro de la declaratoria.

En la provincia de Castilla, la emergencia alcanza a Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco y Orcopampa.

En Caylloma están comprendidos Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque.

Mientras que en Condesuyos fueron considerados Cayarani y Salamanca. En La Unión, la medida alcanza a Alca, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa y Toro.

SIN PRESUPUESTO ADICIONAL

El decreto establece que el Gobierno Regional de Arequipa, las municipalidades provinciales, distritales y los ministerios involucrados, entre ellos los sectores Vivienda, Educación y Desarrollo Agrario, deberán coordinar y ejecutar las acciones necesarias para enfrentar el déficit hídrico.

Sin embargo, la declaratoria no contempla una transferencia presupuestal adicional. Las entidades deberán financiar las medidas de prevención, respuesta y rehabilitación con los recursos de sus propios presupuestos, de acuerdo con sus competencias.

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