Gobierno nacional asume responsabilidad ante Tía María

Actualizado el 30/09/2018, 02:55 p. m.

El Gobierno nacional no ha perdido de vista al proyecto minero Tía María. Por el contrario, la solución al conflicto social que lo rodea pasará por una nueva fórmula, como su integración al recién conformado Comité de Gestión e Información Minero Energético.

A decir del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, por primera vez, el Estado asumirá su rol al frente de situaciones como la generada en el valle de Tambo. Igual protagonismo tendrá el Gobierno Regional, cuya participación será “fundamental”, tal como lo precisó el representante del Ejecutivo.

ACCIONES

“En toda la responsabilidad que se genera en esta relación, empresa - comunidad, hoy día, el Estado asume su rol en estos procesos de implementación de nuevos proyectos y de actividades mineras que se desarrollan”, dijo el ministro, a tiempo de precisar que, si bien es cierto, el Gobierno tiene como objetivo promover la inversión minera para generar recursos, esta tiene que ser sostenible y respetando las normas, el medio ambiente y a las comunidades.

Específicamente en el caso del valle de Tambo, las consideraciones pasan por la atención a los reclamos de la población respecto al medio ambiente y el agua, las que, en definitiva, serán atendidas, aseguró Ísmodes Mezzano.

“En el caso de Tía María, existe evidentemente un sector de la población que tiene preocupaciones y estas hacen que muchos de ellos se opongan al proyecto. El trabajo del Gobierno es justamente absolver esas preocupaciones y tener un rol mucho más activo para que la preocupación principal de la población, no sea de una empresa determinada, sino que sea asumida por el Estado para darles tranquilidad en que los compromisos y el cuidado del medio ambiente va a ser la línea de trabajo en ese y en todos los proyectos que se desarrollen en el país”, precisó.

Southern Peru espera lograr este año su licencia de funcionamiento, lo que la facultaría a comenzar la explotación de Tía María sin ningún impedimento. El Gobierno, alega Ísmodes, garantiza la estabilidad jurídica del caso, facilitando esta inversión, pero ahora con el respeto a las expectativas ciudadanas y entorno donde se desenvuelve.

Caylloma. El caso de Caylloma requiere una estrategia distinta. El Comité de Gestión no tendrá facultad para resolver conflictos ya en marcha, en este caso, tratados a través de las mesas de concertación instaladas en la provincia. Eso no quita que los pobladores expresen ante esta instancia sus preocupaciones y se canalicen las atenciones debidas, indicó el ministro de Energía y Minas.

Este Comité será presidido por un especialista regional y estará integrado por un representante del Gobierno nacional, de la Región un secretario técnico (enlace con el MINEM), las empresas y la comunidad involucrada.