El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) persistirá en continuar un proceso de arbitraje de derecho ante la Cámara de Comercio de Lima para resolver las controversias suscitadas con la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra) para el proyecto Majes Siguas II. Esta medida se perseguirá pese a que la empresa española refirió en su última comunicación que da por resuelto el contrato.

El gerente general del GRA, Leonidas Zavala, recordó ayer que la solicitud de arbitraje que impulsó el Ejecutivo regional está contemplada en el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato y busca validar o descartar los incumplimientos que la concesionaria ha imputado al concedente. Se tratan de aspectos como la entrega de terrenos para la segunda fase (entrega del control del proyecto) que el Gobierno Regional, ha calificado como no graves, por lo que no implicaría la caducidad del contrato.

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“Esta solicitud recién se ha iniciado, esperaremos la respuesta del centro de arbitraje para la conformación del tribunal arbitral y ahí hay un procedimiento donde ambas partes tendremos que sustentar nuestras posiciones. En los próximos dos meses debería estar instalado este tribunal, dependiendo de los plazos y mecanismos del tribunal arbitral, son varios los meses que se va a poder llevar adelante en este proceso”, agregó.

Luis Molero Coca, asesor externo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) para el proyecto Majes II, agregó en exposición a la prensa que el referido arbitraje también ‘frena’ la pretensión de caducidad que expresó la concesionaria en su última carta. Explicó que la única forma de aceptar esta medida (caducidad) es a través de otro proceso extrajudicial (arbitraje) que les otorgue la razón.

Asimismo, recordó que Cobra también fue emplazada por el Gobierno Regional, dado que les imputaron incumplimientos como la ejecución de obras en la segunda fase, sin contar con la aprobación del expediente técnico N°2, como establece la cláusula 5-2 del TUO del contrato. “La empresa supervisora hizo 380 observaciones, de las cuales no levantaron más de 170, por eso no está aprobado”, dijo.

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Continuó: “No hay aprobación fáctica, no hay silencios administrativos (como argumenta Cobra) porque falle o no, hay un supervisor, hay un procedimiento que se tenía que seguir, si yo no puedo aprobar el expediente, tengo que suspender la fase I y no puedo pasar a la ejecución que es el objeto por el cual se contrató a un concesionario, si no sucede esto último, recién pasa a la caducidad, eso es lo que el GRA le imputó a ellos (Cobra)”, añadió.

No obstante, indicó que el fin del concedente es que no se llegue al fin contractual, sino, por el contrario, se establezca un procedimiento de trato directo. Empero, cabe precisar que, en la comunicación del pasado 17 de agosto, Cobra dio por culminada toda posibilidad de diálogo bajo esta modalidad. “Esa es la situación general y lo que se busca asegurar es que esta obra, si no funciona por APP se plantee en otros términos o modalidades”, agregó.

De acuerdo a los representantes del GRA, la empresa española tiene hasta el 21 de septiembre para responder sobre las imputaciones de la obra. En ese sentido, sólo restan dos caminos: la presentación de la subsanación de las observaciones o el inicio de un nuevo arbitraje, aparentemente de carácter internacional. “Si no escogen ninguno, caducamos el contrato, pero para eso no tiene que haberse acudido al arbitraje”, dijo Molero.

En este lapso de tiempo, el asesor externo de Autodema señaló que ambos arbitrajes podrían desarrollarse simultáneamente, previa solicitud de Cobra. Cabe señalar que, en medio del proceso de arbitraje internacional, el temor es que la concesionaria presente una medida cautelar en contra del proyecto y paralice el mismo prolongadamente, la parte jurídica. En esta última parte, la defensa pasaría a manos del Gobierno central y ya estarían preparando la defensa legal de forma preventiva.

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“SICRECI tiene a su cargo el tema internacional, es un tema distinto cuando el Estado es demandado, se da en una sede internacional; no obstante, en el arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima está a cargo de la Procuraduría, puede haber un procurador ad hoc”, dijo.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Arequipa, Víctor Rendón Dávila, aseguró que la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra) sólo tuvo ‘objetivos económicos’ a su favor con la firma de la adenda 13 para el proyecto Majes Siguas II, en julio del año 2022. Señaló que esto se evidenció el pasado viernes 1 de septiembre, luego que la empresa española diera por resuelto el contrato y demostrará, una vez más, que no tiene el interés necesario para continuar con el proyecto.

“A Cobra sólo le interesaba incrementar los costos de obra con errores de Autodema. Si vemos a los funcionarios de Autodema, entendemos que su mayor preocupación era que se firme la adenda 13, teníamos grandes actores que decían que se firme la adenda, que Arequipa se va a perjudicar y ahora deberían salir a pedir disculpas a la población”, agregó.

Para representante de la Orden de Ingenieros en Arequipa, si bien el problema del proyecto data desde hace poco más de 13 años, en la anterior gestión del Ejecutivo regional tampoco se tomaron las decisiones correctas, puesto que, a través de la firma de la última adenda, se equivocaron nuevamente. Consideró que todos fueron engañados por Cobra.

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