La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa reinicio los peritajes contables y de los bienes incautados a los presuntos miembros de la organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur. En dicha red están involucrados José Luis Chapa Díaz, secretario de la FDTA; Andrés Saya Alarcón, secretario provincial de Construcción Civil; junto a los demás miembros del gremio. Son un total de 16 acusados de extorsionar y cobrar cupos a empresas constructoras.

La titular del despacho, Rosmery Mendoza Palomino, informó que debido a la pandemia del coronavirus la investigación tuvo un retraso de enero a setiembre, como todos los casos del Ministerio Público a nivel nacional.

Entre la información recabada se tienen comprobantes del banco Continental, que darían cuenta de pagos hechos por constructoras a los involucrados en el caso. Así como, del dinero que se descontaba a sindicalizados o la denominada cuota sindical, que para la Fiscalía era una acción arbitraria.

Los documentos y bienes incautados a los investigados se encuentran en Lima, pasando las pericias.

Ayer, se cumplió un año del operativo de la Fiscalía y la Policía en donde se detuvo a 11 dirigentes.

Cabe recordar que se solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra, sin embargo, el pedido fue rechazado por la Corte de Arequipa, debido a carencia de elementos de convicción.

Los investigados hicieron una marcha exigiendo la devolución de lo incautado.

Solicitaron celeridad en el proceso. Saya cuestionó que el Ministerio Público no haya enviado notificaciones sobre las diligencias que realiza, por lo que presumen el caso se detuvo.

El abogado del grupo de trabajadores, Héctor Herrera, indicó que hasta el momento no se tienen pruebas sólidas para continuar investigando a sus patrocinados.

Al respecto, Mendoza negó una paralización de las indagaciones. “Toda la investigación está en marcha con otras diligencias, el hecho que no se les haya dado prisión preventiva, no significa que se les haya absuelto (...) la investigación que se hace es imparcial y objetiva”.

Son más de 2 años de indagaciones que quedan por delante para que la Fiscalía decida si presentará una acusación e ir a juicio o archivar el caso.

Hasta entonces, se tienen programadas en un corto plazo declaraciones de los involucrados y víctimas de esta presunta organización criminal.

Trabajo. Dirigentes y obreros involucrados no han tenido dificultad para acceder a puestos de trabajo mientras dura la investigación en su contra.

1.000 soles a a S/10.000 es la acusación del cobro a empresarios de constructoras.

3.000 folios de elementos de convicción rechazó el juez