El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado ordenó siete días de detención judicial contra los dirigentes de Construcción Civil, Luque Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, quienes son investigados por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., encargada de la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Arequipa.

La medida fue dictada por el juez Eddy Leva Cascamayta, quien consideró que la Fiscalía necesita un plazo adicional para realizar diligencias urgentes que permitan esclarecer los hechos y reunir elementos tanto de cargo como de descargo de los involucrados.

Según la resolución judicial, la investigación no solo comprende por los daños registrados el 6 de julio en la obra, cuando los manifestantes destruyeron parte del cerco perimétrico y dos cámaras de videovigilancia, sino también una serie de hechos ocurridos desde junio que al sustento del Ministerio Público, tienen relación entre sí.

Entre esos antecedentes figuran las actas de constatación policial que dan cuenta de que obreros sindicalizados habrían impedido el ingreso del personal a la obra mediante actitudes intimidatorias, lo que habría afectado el desarrollo del proyecto.

El juez también tomó en cuenta que, durante las protestas y en conversaciones telefónicas con el representante de la empresa contratista, el principal reclamo de los manifestantes fue la reincorporación de tres trabajadores despedidos el mes pasado por acumular tres días consecutivos de inasistencias injustificadas. Además, en los diálogos con los dirigentes y otros directivos, estos se comprometían a “trabajar en paz” posterior a la reposición de los despedidos.

En su decisión, el magistrado invocó el artículo 200-A del Código Penal, incorporado en febrero de 2026, que tipifica el delito de “exigencia o requerimiento extorsivo”. Esta figura sanciona a quienes, mediante violencia o amenazas, bloquean vías, toman locales, impiden el libre tránsito o paralizan obras legalmente autorizadas con la finalidad de obtener beneficios económicos o cualquier otra ventaja indebida". La pena por el delito es no menor de 9 años, ni mayor de 12 años.

Durante el plazo de detención, la Fiscalía de Arequipa realizará diversas diligencias, entre ellas un peritaje antropométrico para identificar a las personas que aparecen en registros audiovisuales, el análisis de 10 videos, la transcripción de dos audios y otras actuaciones. Respecto a la legalidad de la intervención, el juez consideró que la detención se produjo dentro del plazo de flagrancia, al haberse ejecutado en las 24 horas posteriores a los daños ocasionados en la obra ubicada en el sector de Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado.

La investigación continuará durante los próximos siete días, tras los cuales la Fiscalía deberá decidir si solicita una medida coercitiva de mayor duración o dispone la libertad de los investigados, en función de los elementos recabados.

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