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Para el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, el país vive un fenómeno de criminalidad y que puede ir en aumento con atentados como lo sucedido con la detonación de un artefacto explosivo en la Fiscalía de Trujillo.
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Sin embargo, pese a estos atentados, manifestó que la tipificación del delito de terrorismo urbano debe ser analizado y propuesto por los congresistas y la Fiscalía de la Nación.
Según el fiscal, en Arequipa no se ha dado casos de amenazas o amedrentamientos a los fiscales que investigan casos de organizaciones criminales, pero de existir, se solicitará el resguardo policial.
LEYES
Ramos Hurtado también cuestionó seis leyes que amenazan la función fiscal y consecuentemente afectaría la administración de la justicia. Entre ellas figura la Ley 31990 sobre la colaboración eficaz, porque limita el tiempo de 8 meses para corroborar la investigación ofrecida por los colaboradores eficaces, pero ello obstaculizaría la investigación de los delitos complejos y graves como en casos de organizaciones criminales o de corrupción.
La otra ley que debilita el sistema de justicia es la 32108, contra el crimen organizado, porque dificulta la tipificación del delito y la sanción a los grupos que cometen actividades ilícitas, además de exigir la presencia del abogado del investigado para el allanamiento de viviendas, requerimiento que retrasa la intervención y da tiempo para eliminar pruebas.
La Ley 32181 de eliminación de la detención preliminar para casos de no flagrancia es otra norma que obstruye la labor fiscal, porque en casos de corrupción, un investigado solo podría ser detenido en caso de flagrancia.
En este último caso, el fiscal Ramos espera que la Comisión de Justicia del Congreso se pronuncie hoy si aceptan las observaciones presentadas a la ley por el Ejecutivo y de hacerlo, subsanen las objeciones de manera inmediata, para luego publicar.