El fiscal Hamilton Montoro, del Equipo Especial Lava Jato, reveló ayer que son 27 las investigaciones fiscales que pesan sobre la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado (2015-2018).

Detalló que todas son por presuntos actos de corrupción. La información fue dada a conocer en la audiencia de pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la exautoridad regional, por presuntamente haber recibido sobornos del Club de la Construcción.

La sustentación fue virtual y el acto presidido por el juez Juan Sánchez Balbuena y que en 48 horas decidirá si la exgobernadora debe retornar al país para afrontar la investigación fiscal.

La mayoría de las investigaciones que tiene la exgobernadora se encuentran en la Fiscalía de Arequipa.

Una de ellas fue del caso de Los correcamino del sur, banda en donde estaba involucrado su exgerente regional de Transportes José Gamarra, al cual se le acusó de liderar la red de cobro a conductores de minivan. Si bien Yamila Osorio no estaba detenida, si se le citó para dar su manifestación.

Además de otras denuncias por parte de colectivos que pidieron a la Fiscalía que se le investigue.

El último caso conocido fue expuesto ayer por el fiscal Montoro quien mostró las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces y un informe de la Contraloría.

Los aspirantes dieron cuenta de pagos por parte de la empresa ICCGSA a cambio de la suscripción de la obra Mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado.

Los candidatos a colaboración eficaz N° 01-2019 y 13-2019, contaron que el hecho se remonta a diciembre de 2015 cuando conocida la propuesta económica y antes de la adjudicación de la buena pro, un allegado a Osorio “decía ser cercana a la gobernadora regional y que manifestaba ser su primo, de nombre Edgar”, se contactó con Carlos Zariquiey, gerente comercial de ICCGSA, para pedirle ilegalmente S/2 millones para la suscripción del contrato.

Caso contrario, la adjudicación sería denegada.

La Fiscalía presentó también las conclusiones que hizo la Contraloría sobre la obra.

En el informe se advierten una serie de irregularidades que corroborarían las sospechas sobre un supuesto favorecimiento a la empresa.

En el escrito se indica que sin sustento técnico, los funcionarios de la entidad actualizaron precios unitarios con lo cual durante la ejecución de la obra se ocasionó un mayor pago por S/2′464.466,71. Se identificaron deficiencias en el expediente técnico, como la falta de un estudio de impacto ambiental que garantice el inicio de obra.

Todos estos actos, de acuerdo a la imputación, se han calificado como cohecho pasivo impropio y asociación ilícita, que en concurso real de delitos supera ampliamente los 4 años de prisión.

El Ministerio Público explicó que se darán 14 diligencias primarias, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, comunicaciones, solicitar información a la Contraloría, Gobierno Regional de Arequipa, entre otros, por lo que es fundamental que Osorio permanezca en el país a disposición de la justicia.

A la fecha, la investigada no está en el país. Hecho que desconocía la Fiscalía, según refirió Montoro al juez.

Por su parte, la defensa de la exgobernadora observó que la documentación presentada por la Fiscalía no era un elemento de peso en la investigación debido a que es información pública.

Además, sostuvo que no hay necesidad de que su patrocinada retorne al país dado que se pueden usar los medios tecnológicos para emitir sus declaraciones.

Osorio se pronunció negando las imputaciones en su contra. “En condiciones normales, tomaba un vuelo y regresaba al país”, dijo debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo por el coronavirus.

No negó que haya tenido movimiento migratorio en los últimos meses, sin embargo, conto que se debían a temas familiares,estando a punto de llorar cuando habló sobre la muerte de su hermana en Camaná.

Explicó que tras culminar su gestión inició con proyectos personales y residía temporalmente en España, debido a una beca de estudio de posgrado.

Advirtió que las declaraciones en su contra serían en venganza por acciones que emprendió para que la empresa regularice pagos y trabajos, así como la aplicación de la carta fianza valorizada en S/30 millones, por incumplimiento.

Además, negó que en sus 27 investigaciones fiscales haya faltado a las diligencias del Ministerio Público.

Esta última afirmación no sería del todo cierta. Por ejemplo, el 29 octubre de este año, se solicitó la declaración de la exgobernadora en el juicio por el caso Tía María, donde está como testigo. La Fiscalía manifestó que no se daba con su ubicación. Hecho que fue reiterativo.

El nombre de Yamila Osorio saltó en las conversaciones de WhatsApp entre el expresidente de la República, Martín Vizcarra y José Hernández, exministro de Agricultura, halladas por el Ministerio Público, según informó El Comercio (ver imágenes).

Son dos diálogos que datan de agosto de 2016, cuando Vizcarra era primer vicepresidente y ministro de Transportes y Hernández era titular de Agricultura.

Darían información sobre dos reuniones con Osorio. Estas conversaciones, como todas las encontradas entre 2013 y 2020, son analizadas por el Ministerio Público.

Cabe destacar que ICCGSA es la misma empresa que habría entregado coimas al hoy exmandatario.

La suerte de Yamila Osorio está en manos del magistrado Sánchez,

En tanto, el trabajo fiscal no para. Se abrió una investigación preliminar en su contra por 8 meses para econtrar distintas pruebas que pudieran incriminarla.