Esta semana, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley MAPE. Sin embargo, diversas voces han expresado su oposición a la iniciativa, al considerar que afectaría el proceso de descentralización al restar competencias a los gobiernos regionales.

Entre los críticos de la propuesta se encuentra el gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Raúl Jaime Anccasi, quien sostuvo que la reducción de atribuciones dificultaría el proceso de formalización de los pequeños mineros, debido a que concentraría las competencias en el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Nosotros sabemos muy bien que con esto se va a retroceder en lo que es el tema de descentralización porque les van a quitar competencias a nivel de todos los gobiernos regionales. Entonces, en ese sentido, esperemos que (los congresistas) tomen en cuenta, porque nosotros no podemos permitir que prácticamente se centralice todo lo que son las competencias”, señaló tras participar en el recorrido por el Día Nacional del Ahorro de Energía.

De aprobarse la Ley MAPE, las gerencias y direcciones regionales dejarían de fiscalizar a las pequeñas empresas mineras. Asimismo, ya no podrían otorgar concesiones ni autorizaciones para el inicio de operaciones.

En esa línea, Anccasi cuestionó la capacidad del Minem para atender los procesos vinculados a los pequeños productores mineros.

“El Ministerio de Energía y Minas no tiene capacidad de atender a los pequeños productores mineros. Por ejemplo, si hacemos una comparación con lo que es el proceso de formalización minera, en dos años prácticamente no han formalizado en Arequipa, solamente dos pequeños productores mineros”, manifestó.

Según el funcionario, en Arequipa existen 6.037 mineros en proceso de formalización que permanecen pendientes desde que el Minem asumió esta competencia en 2024. Asimismo, indicó que solo resta remitir un porcentaje mínimo de documentación relacionada con estos expedientes al ente rector.

Respecto a los principales obstáculos para la formalización, señaló que uno de ellos es la suscripción de contratos de explotación entre los pequeños mineros y los titulares de las concesiones.

“El mayor cuello de botella que tenemos es el contrato de explotación que tiene que hacer entre un minero y un pequeño minero con el concesionario. Entonces, ese es el que hay que, prácticamente, ver la forma de solucionar este problema. Y el otro problema es el uso especial del terreno”, comentó.

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