La expansión de la minería ilegal da origen a un nuevo tipo de conflicto social en el Perú, los cuales se caracterizan por enfrentamientos entre comunidades, agricultores y organizaciones locales con los mineros y operadores de plantas de beneficio que ponen en riesgo las cuencas de agua y los terrenos. Así lo advierte el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo.

Aunque el informe registra seis casos de este tipo de conflictividad, según la Defensoría, se trataría de un patrón que comienza a consolidarse en distintas regiones del país. A diferencia de los conflictos mineros tradicionales con grandes compañías, las disputas ya no se centran contra empresas formales, sino con los representantes a actividades ilegales, hecho que dificulta el diálogo y la intervención del Estado.

Uno de los casos se desarrolla en la provincia de Huanta, en Ayacucho, donde la población y organizaciones agrarias exigen la paralización de las actividades de pequeña minería en el sector de Putka. Los pobladores buscan proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca, principal fuente de agua para el consumo humano y la agricultura. Entre sus demandas figura también la creación de un Área de Conservación Regional.

La situación también alcanza a Arequipa. En el distrito de Cahuacho, provincia de Caravelí, los pobladores de Nauquipa exigen el cese de actividades mineras ilegales que, según denuncian, afectan sus territorios y las fuentes de agua de la zona.

Casos similares se presentan en Pataz, en La Libertad, donde persisten conflictos por los impactos ambientales, sociales y de seguridad relacionados con la minería ilegal. En los distritos de Tigre y Datem del Marañón, en Loreto, comunidades indígenas reclaman una mayor intervención del Estado ante el avance de estas actividades sobre sus territorios.

El informe también menciona las protestas de mineros informales en La Pampa, en Madre de Dios, quienes rechazan los operativos de interdicción y exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal.

Sin embargo, la Defensoría advierte que la dimensión del problema podría ser mayor. Existen conflictos que no figuran en los registros oficiales, como el caso de la planta de beneficio Yolita, en Huallpamayo, provincia de Chumbivilcas (Cusco), donde comuneros denunciaron contaminación ambiental, amenazas y la instalación de infraestructura sin el consentimiento de la población. Pese a ello, el caso no aparece entre los conflictos activos identificados por la institución.

De acuerdo al informe, la principal diferencia con los conflictos sociales tradicionales es la ausencia de un actor formal con quien dialogar. En estos casos intervienen asociaciones de mineros, operadores de plantas de beneficio, concesionarios, transportistas y otras redes económicas vinculadas a la minería ilegal, una actividad que opera fuera del marco legal y sin mecanismos de responsabilidad claramente establecidos.

A ello se suma que muchos de estos grupos cuentan con mecanismos propios de protección que, en algunos casos, incluyen amenazas o el uso de la violencia, situación que se agrava cuando existen presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Para la Defensoría del Pueblo, esta nueva conflictividad permanece, en gran medida, fuera del radar institucional, lo que impide que sea atendida de manera oportuna y aumenta el riesgo de que las disputas escalen en diversas regiones del país.

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