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El exrector de la , Valdemar Medina Hoyos y funcionarios de la institución, fueron hallados responsables del presunto delito de “negociación incompatible” al haber favorecido a empresas para ejecutar obras en la universidad, perjudicando económicamente a esta casa de estudios superiores. Los casos fueron derivados a Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República.

El hallazgo se especifica en los informes 03 y 11 que recogen conclusiones del examen especial N° 014-2015 denominado “Ejecución de obras por contrata”, realizado por el Órgano de Control Interno (OCI) de la universidad, a los periodos 2012 y 2013.

Según la auditoría, se trata del proyecto “I etapa del mejoramiento de la sede Camaná-UNSA”. Lo que el informe detalla es que se habría permitido la participación irregular de un postor que luego resultó favorecido con la buena pro. El documento de fiscalización precisa que esto se hizo contraviniendo la Ley de Contrataciones al conceder a la empresa ganadora adelanto de 900 mil soles. La obra no fue concluida y está en arbitraje.

El segundo proceso es la “Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Profesional de Industria Alimentaria”. Aquí, otra empresa resultó ganadora, pero la omisión en el pago de penalidades por parte de la empresa y la inconclusión de la obra perjudicó a la universidad con 225 mil soles.

El rector agustino, Valdemar Medina, al ser consultado sobre el particular, dijo que “cuando se ejecuta una obra, se constituye un comité técnico, y hay toda una normatividad... el responsable civil y penal es este comité técnico”.

PERJUICIO. Haciendo un resumen de lo contenido en el informe de OCI, precisa que en el caso de la Escuela de Ingeniería Alimentaria, el comité especial mostró un indebido interés en favorecer a Tecos Contratistas S.R.L. para alzarse con la buena pro.

El comité estuvo integrado por los funcionarios universitarios Hugo Cruz Arapa (presidente), José Málaga Cruz (primer miembro) y como segundo miembro, Luis Medina Marroquín, este último, era director de la escuela profesional de Alimentarias en el 2012.


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De acuerdo al informe, se colige que los integrantes del comité especial convocaron indebidamente el proceso de adjudicación sin que exista resolución y documento que apruebe las bases administrativas, contraviniendo la normativa vigente.

OCI especifica que el comité no acogió las observaciones efectuadas por la empresa postora Codimsur S.R.L. respecto de asuntos relacionados al objeto de la convocatoria. En el proceso se debió seleccionar al postor con la mejor propuesta técnica en ejecución de obras, pero los requisitos fueron dirigidos a condiciones personales del residente de obra. “No hubo criterios de razonabilidad ni racionalidad”, se desprende del informe.

Bajo este panorama, la empresa Tecos Contratistas S.R.L., como único postor se alzó con la buena pro, que quedó consentida el 18 de diciembre del 2012. Sumado a ello, el valor referencial de la obra era de un millón 576 mil 652 soles; pero, Hugo Cruz, presidente del Comité Especial de Adjudicación, con oficio N° 653-2012 (del 19 de diciembre) solicitó al rector de la universidad emitir una resolución para ampliar el valor referencial a un millón 700 mil soles, lo que fue aceptado.

PORMENORES. Remitiéndonos nuevamente al documento de la investigación, se establece que la suscripción del contrato entre la universidad y Tecos se hizo sin que la empresa presentara los documentos establecidos en las bases y fuera del plazo normado. Tecos no adjuntó la constancia de no estar inhabilitado por el OSCE y tampoco la documentación técnica que permitiera a la UNSA contar con los instrumentos de control sobre el avance físico y financiero de la obra, así como controlar los reintegros por reajuste de precios. Según la auditora, Hugo Cruz, como jefe de Logística debió declarar desierto el proceso.

El 20 de diciembre se suscribió el contrato de obra consignado un plazo de 150 días calendario y por un millón 700 mil soles, hechos que fueron supervisados por el rector de la universidad, asegura el informe. La oficina de Asesoría Legal de la UNSA no participó en la formulación y suscripción del contrato.

La obra comenzó el 23 de enero del 2013, y el 22 de junio del mismo año debió culminarse. Con una ampliación regular, los trabajos debieron extenderse a lo más hasta el 17 de julio, sin embargo, concluyeron el 31 de octubre del 2013. En ese entonces, el exrector Medina Hoyos suscribió cinco resoluciones aprobando 12 ampliaciones de plazo por un total de 106 días calendarios.

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De acuerdo al examen especial, estas extensiones no fueron requeridas, cuantificadas y sustentadas por la contratista dentro del tiempo vigente de ejecución de la obra. La penalidad que se debió aplicar a la constructora por los 106 días de retraso, según el reglamento de la Ley de Contrataciones, debió ser de 170 mil soles.

Además, el comité de recepción recibió la obra sin que se haya construido las escaleras del tercer al cuarto nivel (azotea). El informe de los auditores refiere que el inspector de Obra, Julio Arce Muñoz; jefe de Proyectos y Obras, Milton Medina Palacios; jefe de Planificación, Gerardo Sotelo Bueno; y el rector de la UNSA, sabían que al 31 de octubre la obra no había sido concluida (estaba a un 96%).

La comisión de recepción, recién el 25 de abril del 2014, dio la conformidad a los trabajos. La comisión auditora estableció que la omisión de la construcción de las escaleras alcanzó la suma de 55 mil 958 soles.

CONCLUSIONES. El OCI concluyó que los “funcionarios de la universidad mostraron un irregular interés en favorecer al ganador generando un perjuicio económico de 225 mil 958 soles en contra de la UNSA”.

La auditora precisa que por los hechos revelados se ha evidenciado la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto y sancionado en el código penal hasta con seis años de pena privativa de la libertad y no menor de cuatro. El exrector dijo desconocer el examen especial de la OCI. “No me han notificado”, alegó. Si bien aseguró que el comité designado para las obras de la UNSA son responsables civiles y penales, no significa que durante el tiempo que fue rector no le alcance alguna responsabilidad

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