Mucho se ha dicho sobre los peligros del proyecto de ley fujimorista para regular la prensa. Sabemos ya que prohibir que investigados por corrupción se desempeñen en altos cargos de un medio haría posible que el poder de turno se saque del frente a un periodista incómodo con solo una denuncia.
En primer lugar, la Constitución establece que toda persona tiene el derecho fundamental a “las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos”.
Ahora bien, cuando la Constitución dice que toda persona tiene un derecho, esta no se refiere únicamente a personas libres e inocentes: aplica también para aquellas personas condenadas por algún delito.
Esto no es mi opinión. Es la más básica teoría constitucional. Y si el nuevo fujimorismo se ha comprometido a jugar bajo las reglas de la democracia, revisar la Constitución antes de soltar propuestas es una buena manera de empezar.