La construcción del nuevo penal de Arequipa comenzó con un presupuesto viable de S/64.9 millones, pero hoy demanda S/366.7 millones, sin que ello implique un incremento en su capacidad para albergar internos.

El proyecto de ampliación fue concebido en 2011 para construir 1,620 unidades de albergue destinadas a 1,472 varones y 148 mujeres. Quince años después, la infraestructura mantiene exactamente la misma capacidad, mientras que el costo se ha multiplicado por más de cinco.

La diputada Marleny Arminta cuestionó el incremento de más de S/300 millones. Según el portal de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión acumulada alcanzó los S/366.7 millones a enero de 2026.

INICIO DE OBRA

El primer contrato fue suscrito por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el 26 de noviembre de 2018 con el Consorcio Penitenciario Misti, integrado por las empresas Pizzarotti & C. S.p.A. y CMO Group. El acuerdo ascendió a S/191.9 millones y establecía un plazo de ejecución de 810 días calendario.

Los trabajos comenzaron el 18 de diciembre de 2018 y debían concluir el 7 de marzo de 2021. Sin embargo, la obra quedó inconclusa. El contrato fue resuelto y las partes acudieron a arbitraje, lo que provocó una prolongada paralización y obligó al Estado a contratar nuevos servicios para reactivar el proyecto.

En 2023, el INPE desembolsó S/2.09 millones al Consorcio Consultores Lima para elaborar el expediente técnico de saldo de obra, documento destinado a actualizar las especialidades necesarias para culminar la construcción.

No obstante, la Contraloría detectó deficiencias en dicho expediente. En un informe emitido en 2025 señaló que se otorgó conformidad y se realizó el pago pese a que el documento estaba incompleto. Entre las observaciones figuran la ausencia de especificaciones técnicas, inconsistencias entre metrados, partidas y presupuestos, así como información insuficiente para ejecutar diversos componentes.

En la práctica, el Estado terminó pagando nuevamente por la planificación de una obra contratada años atrás y que seguía sin poder concluirse. Las sucesivas actualizaciones elevaron progresivamente los costos. Para diciembre de 2024, la inversión acumulada ya alcanzaba los S/229.3 millones.

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CAPACIDAD YA ES INSUFICIENTE

El presupuesto volvió a incrementarse. Al 2 de julio de 2025 llegó a S/365.1 millones y, de acuerdo con el portal del MEF, a enero de 2026 ascendió a S/366.7 millones. Dentro del expediente de saldo de obra se consideraron, entre otros conceptos, S/134.5 millones para obras civiles, S/17.5 millones para supervisión, S/12.1 millones para equipamiento no eléctrico y S/9.4 millones para gestión del proyecto.

También se incluyeron S/825 mil para supervisión vinculada al COVID-19, pese a que el reinicio de la obra se produjo cuando la emergencia sanitaria ya había concluido. Asimismo, se destinaron S/5.3 millones para reponer materiales que caducaron durante la paralización y S/1.5 millones para acciones de control concurrente.

Tras varios años de retrasos, el proyecto fue reactivado en noviembre de 2025. El INPE firmó un nuevo contrato con el Consorcio Ejecutor Penal de Arequipa por S/192.3 millones. Los trabajos se iniciaron el 28 de noviembre y su culminación está prevista para julio de 2028.

A pesar del fuerte incremento presupuestal, la capacidad proyectada sigue siendo la misma: 1,472 internos varones y 148 mujeres. Sin embargo, el nuevo recinto ya resulta insuficiente antes de entrar en funcionamiento. Actualmente alberga a 2,470 varones y 184 mujeres, una población que supera ampliamente su capacidad y refleja el nivel de hacinamiento existente.

PRECARIEDAD EN EL PENAL

Las deficiencias no se limitan a la falta de espacio. En algunos sectores, los internos incluso deben dormir en los servicios higiénicos debido a la sobrepoblación.

Según el reprote de la consejera Arminta, en el penal de varones laboran 225 servidores: 170 dedicados a seguridad, 38 al área de tratamiento y 17 a labores administrativas. Pese a ello, existe apenas un médico para atender a toda la población penitenciaria.

La situación en el penal para mujeres también es crítica. Entre las internas se encuentran 10 adultas mayores, cuatro personas con discapacidad, cinco niños menores de tres años que permanecen junto a sus madres y 18 ciudadanas extranjeras.

El recinto carece de un médico permanente. El equipo de salud está conformado únicamente por una obstetra, tres técnicas de salud y una técnica de farmacia. La carencia de atención médica resulta especialmente preocupante debido a que 70 internas requieren atención general, 12 han sido diagnosticadas con VIH y una paciente en estado terminal recibe tratamiento de hemodiálisis.

A pesar de las limitaciones, las internas continúan participando en actividades orientadas a la reinserción social. Actualmente, 105 desarrollan actividades productivas y 71 se encuentran matriculadas en programas educativos.

VIDEO RECOMENDADO