El Cuarto Despacho de la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa solicitó ayer 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y otros 8 presuntos integrantes de la red criminal denominada Los Hijos de Cóndor.

Se trata del gerente regional, Gregorio Urbano Palma Figueroa; el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes, Napoleón Ocsa Flores; el jefe de la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional, Javier Eduardo Rospigliosi Vega; entre otros (ver cuadro 1). En tanto, fueron puestos en libertad 7 investigados que estuvieron con detención preliminar, entre ellos, el consejero y exfutbolista Ysrael Zúñiga Yañez.

Tras cumplirse el plazo de 10 días de detención preliminar, el fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva formalizó el requerimiento por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo genérico. El magistrado aclaró que en suma la investigación fue formalizada contra 25 personas, sin embargo, solo se solicitó prisión preventiva para 9.

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El documento ingresó a las 22 horas de ayer a la mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Por ello, se trasladó a 9 investigados del local de la Policía Anticorrupción en José Luis Bustamante y Rivero, con dirección a la sede judicial,  Cercado. El juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, José Málaga Pérez, estableció que se iniciará la audiencia de prisión preventiva el próximo miércoles a mediodía.

La hipótesis fiscal es que la presunta agrupación criminal se dedicaba a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales. Para la fiscal superior María del Rosario Lozada este caso es muy grave. La magistrada destacó ayer ante la Segunda Sala de Apelaciones la importancia de mantener bajo detención a los involucrados.

“Este es un caso gravísimo para Arequipa (...) es una megainvestigación que estamos desenredando los hilos de esta gran madeja (...) estás personas que se unieron para causar tremendo perjuicio a la región”, manifestó ayer en el debate sobre la apelación de detención preliminar solicitada por el abogado de la consejera Jeimy Flores.

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En la discusión el letrado argumentó que no existían pruebas concretas sobre ilícitos cometidos por su patrocinada como para restringir su libertad. Además, que su participación no fue activa en las grabaciones reveladas por la Fiscalía. El Ministerio Público rechazó las inferencias. En su turno, la legisladora realizó su autodenfensa donde solicitó llevar las investigaciones en libertad. “Yo soy madre y padre de un pequeño de 9 años (...) tengo dos temas de salud que resolver ¿dónde yo me podría escapar? Me someto a las investigaciones, pero en libertad”, pidió.

Minutos después, la sala declaró infundado el recurso de apelación de detención preliminar presentado por el abogado de Javier Eduardo Rospigliosi Vega, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Los jueces restaron validez a los alegatos presentados por la defensa técnica, por el contrario, confirmaron que si se evidencian indicios de irregularidades para que el funcionario continué bajo arresto. Hoy a las 8:15 continuará la audiencia para resolver la apelación planteada por otro de los investigados Rolando Ermo López Chire, jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial.