Pobladora de Caraveelí pide justicia por ataques en su comunidad

Angélica María Ramos Huamaní se quedó al cuidado de sus 6 hijos, luego de que su pareja Leocadio Huaman Zea falleciera mientras trabajaba en la construcción del local comunal de la comunidad Maraicasa, Tambo Caylla, distrito de Quicacha, en la provincia de Caravelí, en el año 2005.

La comunera continuó con la crianza de sus ganados, el cultivo de sus productos, así como en el recojo de residuos minerales de la actividad artesanal que existe en la localidad, pero los ataques de sus vecinos de la comunidad empezó entre el año 2016 y 2017.

Asegura que producto de este trabajo en la minería, ella tenía mineral en su casa, pero fue robado por el presidente de la comunidad y ante la intervención de la Policía el hombre I.H.S. prometió pagar la valorización, sin embargo, dicho compromiso nunca se hizo efectivo.

“Iba a cobrar a su casa, pero una vez su esposa me pegó y hasta me insultó de andar detrás de su esposo”, contó la mujer que carece de conocimientos para la escritura y lectura.

En julio del 2017 le quemaron la choza, mientras ella se encontraba fuera de la casa y sus hijos pastaban los animales.

ATAQUES

En la denuncia también indica que sus hijos fueron golpeados y los celulares de estos robados cuando intentaban filmar la agresión. Incluso la menor, que entonces tenía 12 años, fue tocada indebidamente.

RAZÓN

Sin embargo, la denuncia interpuesta por el delito de robo en Fiscalía Penal Corporativa de Caravelí fue archivada el 26 de abril de este año.

El fiscal Alejandro Rojas Florez sustenta que la denunciante no identifica plenamente con nombres y apellidos al autor del delito.

De igual forma, indica que la denunciante no adjuntó un documento que acredite la preexistencia del dinero sustraído y que no existen cámaras de vigilancia que hayan registrado el hecho para continuar con las investigaciones.

Sin embargo, el abogado defensor de la pobladora, Isaías Chalco Figueroa, cuestiona que el fiscal haya archivado el caso sin haber citado a las personas identificadas en el ataque y sin considerar los informes psicológicos de los menores realizados por la Demuna de Cháparra.

“El fiscal se parcializó y archivó el caso, sin investigar bien, sin citar a los sospechosos”, expresó.

Ante esta acción, la denunciante quejó al fiscal ante el Órgano de Control Interno, pero no recibió respuesta.

Al respecto, el fiscal Rojas Florez aseguró que sí citó a las personas denunciadas, aunque en el expediente de notificación del archivamiento del caso al que Correo accedió, no figuran las manifestaciones. Asimismo aseveró que se archivó el caso porque era un conflicto interno de hace varios años con la comunidad.

Estudios. Una de las hijas de la comunera dejó sus estudios por temor a que la mujer vuelva a ser agredida.