​Policía de Alta Complejidad interviene el GRA y municipio de Cerro Colorado
​Policía de Alta Complejidad interviene el GRA y municipio de Cerro Colorado

Ante los indicios de actos irregulares, el Ministerio Público intervino hoy en el Gobierno Regional de Arequipa para recabar una serie de informes. 

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación a los funcionarios regionales debido a una serie de denuncias por la inversión en los traslados humanitarios realizados durante la emergencia nacional.

Junto a los agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, los fiscales acudieron a la sede central de la región y tomaron la declaración del gerente general, Gregorio Palma, los titulares de la gerencia de Transportes, Grover Delgado; y de Turismo, Paola Revilla.

Los detectives sospechan de presuntos ilícitos en la selección de las personas favorecidas con el traslado humanitario de Lima hacia Arequipa y la contratación de los hoteles. 

La región aceptó el viaje vía aérea de 163 personas, ellos mismos pagaron sus vuelos y hospedajes. Otras 288 fueron trasladados vía terrestre, en este caso, todos los gastos fueron cubiertos por el Estado. 

Los viajeros fueron hospedados en 15 hoteles que fueron previamente contactados por la Gerencia de Turismo. El acuerdo fue que todos los viajeros permanezcan 15 días en cuarentena para descartar que sean portadores del COVID-19. 

Se informó que la región pagó por adelantado la ocupación de las habitaciones. El gasto diario de cada persona por el hospedaje y desayuno fue de 40 soles, y el por el almuerzo y la cena se desembolsó 16 soles. 

La investigación de la fiscalía busca determinar si los funcionarios cometieron irregularidades para la selección de los hoteles. También varios de los ciudadanos denunciaron que la atención que se les brindaba en los hospedajes no era el más adecuado y que no se cumplía los protocolos de bioseguridad.

SELECTOS. Otro de los motivos de la investigación fue el mecanismo empleado por el gobierno regional para elegir a las personas beneficiadas con los viajes. Como es público, más de 15 mil personas solicitaron el traslado humanitario y se denunció que algunos de los que fueron favorecidos no cumplían los requisitos.

Diligencias. La fiscal Marita Cueva Ojeda, emprendió la investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible. Entre las diligencias que desarrollará la magistrada está la citación a los dueños de hoteles y a las personas que se favorecieron con los traslados humanitarios.