El rechazo del ministro de Economía, Pedro Francke, a la  ejecución de Tía María surge justo cuando en el valle de Tambo se  alistan  actos conmemorativos por los 12 años de la consulta vecinal  que dio origen al movimiento  “Agro sí, mina no”, de oposición al proyecto minero de Southern.

Francke sostuvo en diálogo con RPP, la noche del jueves, que los directivos de Southern “se han dado cuenta de que hay temas en los cuales la resistencia social es tan grande que no es viable socialmente y políticamente hoy. Tía María ya pasó por tres o cuatro olas de intento de represión y de muerte”.

Y ese es precisamente el argumento que utilizan promotores de la oposición a la minera, como es el caso de Miguel Meza Igme, quien ayer indicó que la consulta fue determinante y aun ahora tiene validez.

“El lunes 27, no será desaprovechado para recordar lo que la población decidió en la consulta de 2009 y ya se anuncia una concentración en la plaza San Francisco de Cocachacra que terminará en un desfile cívico militar luego de una ceremonia e izamientos”, dijo Meza y anunció la participación de invitados como Martina Portocarrero, el congresista Guillermo Bermejo, y posiblemente los parlamentarios de Perú Libre por Arequipa Jaime Quito y María Agüero, estos dos de repetida intervención en las movilizaciones contra la minera en la última década.

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Apoyo

Además la presencia de la primera dama Lilia Paredes y su Comité de Mujeres el domingo 26, así como de la ministra de la mujer, Anahí Durand, como dirigentes de organizaciones de provincias y  regiones del sur. También  los ayarachis de Puno para realizar una ofrenda a la tierra, además de Jaime Idme de los etnocaceristas y dirigentes de esa agrupación.

La actividad sucede a una reunión de la juventud de Perú Libre y para la que se  anuncia la presencia del premier Guido Bellido y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ambos con una marcada oposición a la inversión de Southern. El encuentro será el fin de semana en Arequipa.

El vocero del valle de Tambo, Miguel Meza, precisó a Cablevisión Mollendo que el  27 de setiembre de 2009 se realizó la consulta vecinal   al amparo de ordenanzas municipales de los alcaldes y que terminó en un 97% de rechazo a la mina. Cabe señalar que los alcaldes de los distritos del valle tuvieron entonces gran participación en las movilizaciones contra Southern.

Francke

El ministro de Economía, Pedro Francke, dijo en RPP: “Si ya te estrellaste contra un muro de resistencia social una, dos y tres veces, déjalo ahí”.

La posición de Francke no es extraña pues en momentos en que el conflicto entre la población y la compañía minera tuvo mayor trascendencia estuvo presente en el valle junto a una delegación del Frente Amplio. Además, la consigna de “Agro sí, mina no” forma parte de los postulados de Juntos por el Perú que lidera Verónika Mendoza,  una de las agrupaciones aliadas de Perú Libre para ganar la segunda vuelta electoral y a la que el titular del MEF está ligado.

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Posición

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Luis Caballero, las declaraciones de Francke son políticas y no técnicas, pues no existe relación entre lo que propone el presidente Pedro Castillo ahora para promover las inversiones privadas, y los anuncios del Ministro Iván Merino, quien hace tres días dijo “que el criterio de Rentabilidad social se ha instalado en su sector como política de Estado, con la finalidad de que la minería traiga mayores beneficios al país”.  En la fecha, el ministro Merino detalló también que su gestión es prominera.

Muestra de ello, se está promoviendo lo que ahora llama el nodo minero (corredor minero) de manera más eficiente y ecológica, por intermedio de un ferrocarril.

“Por eso creo que esta es una declaración política, Tía María significa una inversión de mil 400 millones de dólares, algo que no es posible captar en otro proyecto por ahora”, agregó  Caballero.

Explicaciones

El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, hizo el llamado al Gobierno central para que explique cuál debe ser la herramienta correcta para medir la “licencia social”, que sería lo que no permite que el proyecto Tía María pueda concretarse.

“Siempre el Gobierno nacional dijo porque administrativamente cumplían, lo que ahora dicen que es a través de una licencia social, por eso les preguntaría cuál es la medición exacta”, indicó al  recordar que los conflictos vienen de hace 12 años, aproximadamente, con tres paros muy fuertes en 2011 y 2015.”Lo importante es que el Gobierno, a quien le compete esa decisión, asuma la responsabilidad y no solamente en palabras, sino también en sus decisiones”, remarcó.

Recordó que en la provincia existen  actividades económicas como turismo, pesca, agricultura, hidrocarburos así como el movimiento por el puerto de Matarani, sin embargo, la minería sería una nueva alternativa, pero se  han generado dos posiciones en la población, una que piensa que va a mejorar la economía y otra que tiene el temor que la actividad agraria se vea afectada.

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Apoyo efectivo

Lo que sí es cierto es que durante la pandemia fueron las empresas privadas las que sumaron esfuerzos para tratar de contener los contagios y cientos de fallecidos a raíz del Covid en Islay, una actitud que fue resaltada por Rivera Cervera, quien mencionó que el olvido del Estado fue tan evidente que a la fecha no han instalado ni una planta de oxígeno y mucho menos un hospital con la capacidad para atender a los miles de pobladores.

Si el Gobierno central finalmente logra la cancelación del proyecto Tía María no habría otra inversión similar que pueda contribuir con mejorar la economía de los cientos de familia de todos los distritos de la provincia de Islay, lo que es  una preocupación de la autoridad edil. “Yo no creo que exista otra alternativa parecida que llegue a igualar ese tipo de inversión, pero son competencias del Gobierno nacional. Lo que pasa es que, lamentablemente, el Perú se maneja con muchas decisiones políticas, se cuidan políticamente porque si le preguntan en privado a muchas autoridades, van a decir lo contrario”, acotó.

Al igual que el presidente de la Cámara de Comercio estimo que  priman los intereses políticos perjudicando a la población, mientras que el Gobierno ignora, por ejemplo,  la atención de la contaminación del río Tambo en la parte alta de Moquegua y Puno por el proyecto minero Aruntani; el represamiento de las aguas del río de la localidad porque las aguas se pierden en el mar y, fundamentalmente, la elaboración de un proyecto integral de desarrollo para Islay y el valle de Tambo.