El pago de la deuda social es un problema que aún no es atendida en su totalidad a nivel nacional. Ante las quejas, el Gobierno dispuso priorizar el pago a personas con sentencias consentidas y enfermedades terminales.

El congresista Justiniano Apaza presentó el proyecto de ley 4229 para modificar la Ley 30137 en los criterios de priorización con el fin de atender el pedido de pago a quienes tengan sentencias y sean personas con discapacidad severa.

Este cambio permitiría atender a las personas vulnerables, considerando que no se valen por sí mismo, sino dependen de familiares o terceras personas.

En Arequipa son aproximadamente 14 mil los docentes que esperan el abono de sus deudas por conceptos como preparación de clases.