La diputada por Arequipa Marleny Arminta Valencia, presentó un proyecto de ley para derogar las modificaciones a la extinción de dominio aprobadas por el Congreso anterior, a las que se conoce como parte de la “ley procrimen”, y recuperar las facultades para que el Estado incaute los bienes obtenidos de las organizaciones criminales a través de actividades ilegales.

La iniciativa busca revertir los cambios y modificar el Decreto Legislativo N°1373 que, según la parlamentaria, debilitaron esta herramienta al dificultar que el Estado pueda recuperar de manera independiente inmuebles, vehículos, dinero y otros bienes vinculados con actividades ilícitas.

Uno de los principales cambios propuestos es volver a establecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, de modo que la recuperación de un bien no tenga que quedar supeditada a la conclusión de un proceso judicial.

Según la propuesta, se plantea duplicar de cinco a 10 años el plazo de prescripción de la acción de extinción de dominio. Con ello, se pretende evitar que las organizaciones criminales se beneficien del paso del tiempo para ocultar, trasladar o intentar legalizar bienes de origen ilícito.

Otro punto de la propuesta es recuperar la posibilidad de realizar subastas anticipadas de bienes administrados por el PRONABI, especialmente cuando exista riesgo de deterioro o cuando su conservación genere costos elevados para el Estado.

El objetivo es retrotraer una de las llamadas leyes procrimen y restablecer una herramienta fundamental para combatir a las organizaciones criminales: quitarles sus bienes y afectar directamente su patrimonio.

El proyecto también plantea mecanismos para proteger a las personas que hayan adquirido legítimamente un bien que posteriormente sea sometido a un proceso de extinción de dominio, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad.

Para la parlamentaria, combatir al crimen organizado no debe limitarse a detener a sus integrantes, sino que también debe impedir que conserven los bienes y recursos utilizados para financiar sus actividades ilícitas.

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