La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú aprobó el martes 17 de marzo un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y el colectivo País Seguro, alertó que la propuesta podría incentivar el crecimiento de la minería ilegal e informal, así como delitos conexos, entre ellos el uso de explosivos para la intimidación.

Uno de los puntos más cuestionados del dictamen es la reducción del plazo para poner en operación un proyecto minero, que pasaría de 30 a 15 años.

Para el colectivo, uno de los principales riesgos es que la norma acelere la caducidad de las concesiones mineras formales, lo que desincentivaría la inversión y abriría espacios para que los mineros ilegales ocupen estas áreas.

Además, señalaron que el 70% de las concesiones invadidas por mineros informales no pertenecen a la gran ni mediana minería, sino a pequeños concesionarios, quienes serían los más afectados por los cambios.

El colectivo también cuestionó a sectores del Parlamento por impulsar iniciativas que, a su juicio, flexibilizan las normas y prolongan mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que contribuiría al aumento de la ilegalidad, la inseguridad y el daño ambiental.

INPACTO EN INVRSIONES

En esa misma línea, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazó la intención de modificar la Ley General de Minería, al considerar que podría frenar el desarrollo del sector y afectar una cartera de proyectos estimada en 63 mil millones de dólares.

El gremio también desmintió que la mayor parte del territorio nacional esté concesionado o sin uso, precisando que solo el 16 % del país se encuentra bajo concesión minera.

La SNMPE señaló que la reducción del plazo en 50% para poner en marcha un proyecto minero es poco viable, ya que los trámites administrativos y permisos tardan más de una década, mientras que el desarrollo completo de un proyecto minero puede extenderse hasta 40 años.

El dictamen deberá seguir su curso en el Congreso, pero esperan que la propuesta legislativa no sea aprobada.

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