Los famosos huaraqueros o más conocidos como “espartambos” , que sembraron terror entre la población del valle de Tambo, cobraban al día 30 nuevos soles por participar en las violentas manifestaciones, registradas contra el proyecto minero Tía María.

Según el informe de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, que despacha la fiscal María Alejandra Cárdenas Ávila, el dinero era obtenido de la recaudación que realizaban de los agricultores, molineros, ONGs y del propio patrimonio de Pepe Julio Gutiérrez.

Esta cantidad se habría incrementado con el paso de los días, en vista que las manifestaciones en el valle de Tambo se extendieron por casi 60 días, dejando como resultado cuatro fallecidos, decenas de heridos (entre policías y civiles, así como daños a propiedades públicas y privadas.

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Frente de Defensa del valle del Tambo, integrado por su presidente Pepe Julio Gutiérrez Zevallos, el vicepresidente Jaime De la Cruz Gallegos y el vocal Jesús Cornejo Reynoso, habría servido de fachada para formar una organización criminal. Ellos son acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión en agravio del Estado y a la empresa Southern Cooper Corporation.

El documento fiscal señala que estos dirigentes habrían recibido apoyo económico de la ONG Red Muqui, que es dirigida por un integrante del partido Tierra y Libertad, que encabeza el ex cura Marco Arana y la Coordinadora de Derechos Humanos, que casualmente dirige al novia de Arana.

La fiscal Cárdenas Ávila investiga si los empresarios molineros Carlos Raúl Zevallos, Juan Colquehuanca, Persi Paco y Helbert Salmavides (excongresista); entregaron aportes voluntarios a los manifestantes o si fueron extorsionados para apoyar la manutención de los “espartambos”.

Ellos y todos los implicados fueron comprendidos en el informe fiscal y deberán acudir a dar su testimonio.

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