Supuesto afectado preside comisión que evalúa caso de damnificados de Majes

El ingeniero Carlos Alberto Quispe Málaga, quien figura en la lista de los 492 supuestos damnificados del Proyecto Majes I, preside desde el 21 de febrero último, la Comisión Técnica Permanente que tendrá a su cargo la evaluación y calificación de quienes resultaron afectados por la ejecución del proyecto irrigacional, en los valles de Quilca, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Lluta y Querque.

Esta designación está contenida en la Resolución de Gerencia Ejecutiva N° 020-2017.GRA/PEMS-GE-OAJ suscrita por el gerente ejecutivo del Proyecto Especial Majes Siguas - Autodema, Fernando Vargas Melgar. El mismo documento deja sin efecto una resolución similar cifrada con el N° 353 del 6 de setiembre del año 2015, que otorgadaba idéntica responsabilidad al licenciado Fredi Toro Miranda.

Carlos Quispe, aparece en el padrón que fuera anulado por la serie de anomalías registradas, hace aproximadamente un año, en la octava hoja con el N° 51. Se precisa que el daño sufrido en su predio compromete 0.9591 hectáreas en la zona conocida como San Antonio de Isgua en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma.

Allí también se detalla que el perjuicio consistió en el deslizamiento, hundimiento y agrietamiento de tierra agrícola, situación que habría sido acreditada mediante “escritura imperfecta” del juez de paz del distrito, en noviembre del año 1992.

Imposible. Algunos trabajadores de Autodema, quienes prefirieron no identificarse por no estar entre sus atribuciones declarar a la prensa, aseguraron que esta designación tiene un interés indebido que los funcionarios de la institución deberían explicar por cuanto si Quispe tuviera condición de afectado, sería juez y parte en la calificación que está en proceso de cumplirse.

De lo contrario, en caso este trabajador de Autodema resulte no ser damnificado, quedaría impedido administrativamente pues a la fecha existe en curso un proceso de investigación para establecer sanciones en contra de quienes, siendo servidores del Estado, aprovecharon su condición para pretender beneficiarse con el resarcimiento de un supuesto daño, que debía incluir la entrega de una parcela en la irrigación Majes.

También se supo que por la ubicación del predio de Quispe Málaga, este no habría podido ser afectado por el paso de las aguas que son conducidas hacia las pampas de Majes. Cabe precisar que en la misma lista y en la casilla N° 51 figura María Ángela Quispe Málaga, cuya chacra supuestamente afectada, se encuentra junto a la de su hermano, el trabajador de Autodema.

Sobre este hecho, el consejero regional Edy Medina Collado, aseguró que de resultar cierto sería “nefasto y gravísimo porque significaría que la gobernadora regional ha sido sorprendida, esta investigación puso en riesgo mi vida, detectar todas las irregularidades que lindan con los delitos, me significó amenazas de todo tipo y si ahora resulta que se coloca a un trabajador que es además damnificado, o falso damnificado, entonces voy a exigir una explicación”, aseveró.

Medina también trajo al recuerdo que en la lista de los supuestos 492 afectados, casi 400 no tenían tal condición, más de la mitad eran servidores públicos y un buen tanto, nada menos que trabajadores de la entidad evaluadora.

“Por esta situación, se encontró dolo, inclusive desde la conformación del comité técnico que estaba integrado por 9 damnificados y 3 funcionarios de Autodema, cómo era posible que en esas condiciones se hiciera un trabajo objetivo, en marzo del año 2016 hemos cursado todo lo actuado al Ministerio Público, a la Procuradurúa regional y también a la Contraloría, seguimos esperando las sanciones”, refirió Medina Collado.

Finalmente indicó que haber detectado dichas irregularidades, significó evitar un daño económico por 80 millones de dólares al Estado ya que cada supuesto damnificado debía recibir una parcela.

Documento Autodema