Transportistas denuncian irregularidades en la concesión de ruta C-7 en Paucarpata

El 27 de noviembre del 2017, un escrito dirigido a los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde se exponían algunas preocupaciones en torno al Sistema Integrado de Transportes (SIT), pedía con carácter de urgencia una reunión entre los concejales y representantes de seis empresas de transporte en Paucarpata. Ha pasado el tiempo y este encuentro nunca se realizó.

Jesús Apaza Coaguila y Julio Gonzáles Pinto, de Ecoptra SA y Paucarpata SA, son dos de estos empresarios que denuncian aparentes irregularidades en la concesión de la Unidad de Negocio C-7 (ruta) entre Paucarpata y Ciudad Blanca.

Entre las irregularidades incluyen la adjudicación al amparo de una Acta de Conciliación con el Consorcio AQP Masivo, y que, a su juicio, los descalifica a ellos para seguir prestando servicio en la ruta.

Explican que el 20 de junio del 2017 pagaron los derechos de participación y entrega de bases para la tercera licitación para la C7, luego que esta había sido declarada desierta. Dos días después, el 22, apareció la circular N° 003-2017 -MPA, por la que se especificaba que la licitación quedaba cancelada y se daba paso a la concesión de la Operación del Servicio Urbano Masivo de Pasajeros al Sistema Integrado de Transportes de la Unidad de Negocios C-7.

Esto gracias al acta de conciliación que el procurador público de la MPA dio por válida.

ANTECEDENTES

En mayo del 2017, el entonces alcalde Alfredo Zegarra solicitó al SIT un informe de lo que había sucedido en torno a las unidades de negocios C1, C6 y C7, que en febrero del 2011 habían sido declaradas desiertas.

Un documento dirigido al burgomaestre y emitido con fecha 17 de mayo por el “jefe del Sistema Integrado de Transportes”, Lizardo Calderón Romero, daba cuenta de lo sucedido.

El 22 de febrero de 2011 se declaró la nulidad de las decisiones del Comité Especial de Adjudicación al Consorcio TMasivo para la C1, y a AQP Masivo para las C6 y C7, “y, en vista de que no quedan propuestas habilitadas para las Unidades de Negocios C1,C6 y C7, declara desiertas las mimas”.

No fue sino hasta el 26 de junio del 2015 que el asunto fue “resucitado”. Alfredo Zegarra ordenó la conformación de una Comisión Ad-Hoc para la revisión técnica y legal de la mencionada licitación. Tres días después, la Resolución de Alcaldía N°482 declaró la nulidad de las decisiones del Comité Especial en lo que se refiere a Consorcio TMasivo. El 23 de noviembre del mismo año se hace lo propio con AQP Masivo.

El 2 de mayo del 2017 se produce el Acta de Conciliación Extrajudicial y el asunto queda zanjado a favor de AQP Masivo.

Desde entones, las seis empresas de Paucarpata comenzaron a reclamar y emprendieron acciones legales. Paralelamente, sucedieron tramitaciones para integrarse a las empresas que habían conseguido las concesiones de rutas. En medio de estas negociaciones estuvo el encargado del SIT en la MPA, Lizardo Calderón, quien ahora dice ser solo un consultor y que, sin embargo, dirigió documentación interna en la comuna como jefe del SIT o coordinador del Proyecto.

REUNIONES

Calderón ha sostenido este año reuniones con empresas como Audaces y Villa América para “que puedan operar “ en la zona, promoviendo su afiliación a los consorcios ganadores, integrando su flota al servicio, por ejemplo, de AQP Masivo. Una de estas reuniones, el 8 de junio de este año, en la empresa Audaces, fue grabada por uno de los asistentes, y en el audio se aprecia que Calderón, por propia boca, señala que fue contratado por los transportistas para ser su asesor. 

En diálogo con Correo, ha precisado que nunca fue asesor, que no cobró ni recibió ningún pago por este servicio y que lo movió su afán “por lograr que los transportistas siguieran operando”.

Julio Gonzales y Jesús Apaza esperan que el concejo provincial contemple estos pormenores e investigue la relación de Calderón con la MPA y su vinculación contractual, pues no siendo trabajador de planilla, no podía haber suscrito documentos ni actuado como “jefe del SIT”, aspecto que además fue observado por el Órgano de Control Institucional en abril de este año, cuando le pide al mismo Calderón que detalle su situación en la comuna provincial y su relación con el SIT.

Informe. OCI, en enero de este año, concluyó que el contrato de Lizardo Calderón con la MPA venció en abril del 2017