Tres hermanos se encuentran en riesgo de ser separados de su entorno familiar y derivados a un albergue temporal, luego de que el Poder Judicial advirtiera que habrían estado expuestos de manera reiterada a graves episodios de violencia entre sus padres en el distrito de Cerro Colorado.

El juez Humberto Valdivia Talavera, a cargo del 13° Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó medidas de protección a favor de los niños tras determinar un nivel de riesgo severo extremo dentro del hogar.

La decisión judicial se sustentó en diversos antecedentes de denuncias cruzadas entre ambos progenitores, quienes aparecen en distintos procesos tanto como presuntos agresores y víctimas de violencia familiar.

Según la resolución, la Policía intervino en la vivienda luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una agresión familiar. En el lugar, la madre denunció haber sido golpeada e insultada por el padre de sus hijos, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Durante la intervención, los agentes también hallaron al varón con lesiones en la cabeza ocasionadas en medio de la discusión. El juzgado advirtió que estos hechos ocurrieron delante de los menores, quienes habrían presenciado constantes escenas de violencia física y psicológica dentro de su hogar.

La ficha de valoración de riesgo incorporada al expediente reveló además antecedentes considerados alarmantes por las autoridades judiciales, entre ellos amenazas de muerte, episodios de estrangulamiento, advertencias de hacer daño a los hijos y consumo frecuente de alcohol y sustancias psicoactivas.

A ello se suma un informe social elaborado por el Equipo Multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado, en el que se dejó constancia de que la madre rechazó la instalación del aplicativo “Botón de Pánico”, herramienta destinada a brindar atención inmediata a víctimas de violencia en situación de riesgo.

Frente a este escenario, el magistrado ordenó la prohibición de nuevos actos de violencia y de discusiones en presencia de los menores. Además, dispuso atención psicológica gratuita para los niños y la participación obligatoria de ambos padres en charlas sobre prevención y consumo de alcohol.

Como medida adicional, el juzgado ordenó remitir copias del caso a la Unidad de Protección Especial (UPE), entidad que deberá evaluar de manera urgente la situación de los menores y determinar si corresponde adoptar medidas de protección más severas, entre ellas un posible acogimiento temporal en un albergue, con el fin de garantizar su integridad y derecho a crecer en un ambiente seguro y libre de violencia.

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