Para los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) “planificó y ejecutó un complot” en contra de la casa de estudios, al convocar al Ministerio Público y a la Policía, con la “disculpa de inspeccionar el estado de funcionamiento” del local provisional que funciona como comedor en el área de biomédicas.

Un comunicado oficial de la casa de estudios, difundido ayer, señala que en la “ilegal intervención”, por no contar con la permiso de la UNSA, la jefa de la OCI, Noelia Soto Tejada, difundió la nota de prensa de la intervención y las deficiencias halladas con “encono y ánimo dañoso” en agravio de la universidad, “al falsear la verdad de los hechos”.

En el documento también se lee “demostrada y acreditada la mala conducta de la jefa de la OCI, Noelia Soto Tejada, es que hemos solicitado su remoción, por no cumplir con la función normativa a la que está obligada (...)”.

OPINIONES. Respecto con la legalidad de la operación que se hizo el pasado 6 de junio, el fiscal de Prevención del Delito, Antonio Linares, quien participó en la intervención, aseveró a Correo que la fiscalización fue totalmente legal, y que participó en este acto a solicitud de la Contraloría, en base al artículo 10, inciso 3 de la Ley Universitaria que ampara la intervención ante un riesgo inminente de delito de atentado contra la salud pública.

En referencia a la aparente disputa entre la UNSA y la Contraloría, Linares Ponce dijo, “cada quien actúa conforme a sus atribuciones”.

Correo intentó comunicarse con los funcionarios de la Contraloría, así como con el rector de la UNSA, Rohel Sánchez, pero no tuvimos respuesta.

Observación. El fiscal Linares señaló que la verificación de la subsanación de las observaciones se coordina con Salud.